NUEVA YORK. La sugerencia de inmunidad hecha por el Departamento de Estado a favor del ex presidente Ernesto Zedillo en el caso Acteal se basó en una petición que -consideraron- podría carecer de fundamento legal, alegaron los demandantes, en documentos ingresados a la corte del estado de Connecticut donde se sigue el caso.
Según esos argumentos, no existe base legal para que el Estado mexicano solicite inmunidad para un expresidente enjuiciado en otro país. Por ello, arguyeron, tal petición es “muy posiblemente ilegal”.
Los abogados incluyeron entre los documentos pruebas de un amparo interpuesto en México para invalidar la petición hecha por el embajador mexicano Arturo Sarukhan al gobierno de Estados Unidos para que éste sugiriera al juez del caso que concediera la inmunidad.
El amparo, con fecha del 3 de octubre, fue aceptado seis días más tarde por el juez decimosexto de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Ricardo Gallardo Vara.
El juez Gallardo Vara dispuso que las autoridades de México se abstengan de hacer valer ante diversas instancias nacionales e internacionales la inmunidad diplomática del expresidente.
Según los abogados de los demandantes, Matthew Gordon y Roger Kobert, la corte de Estados Unidos debería esperar a que el juez federal en México determine la validez de la solicitud hecha por el Poder Ejecutivo mexicano.
En septiembre de 2011, un grupo de 10 personas demandaron de manera anónima al expresidente Zedillo por su presunta responsabilidad en la masacre de Acteal, en el estado de Chiapas, ocurrida en 1997 y en la que 45 indígenas perdieron la vida.