El Senado realizó el último trámite legislativo para subir al pleno la iniciativa presentada por el Ejecutivo en 2010, la cual propone prevenir y sancionar operaciones de lavado de dinero.

 

La creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita forma parte de la estrategia delineada por el gobierno federal durante el sexenio para combatir al crimen organizado.

 

Esta ley obligará a empresas privadas a rendir a las autoridades federales informes sobre sus operaciones, tales como la emisión o comercialización de tarjetas de crédito, el otorgamiento de préstamos o contratos de crédito, la comercialización de inmuebles y la compraventa de metales preciosos, joyería y relojes.

 

También podrán supervisarse la venta o arrendamiento de vehículos nuevos -entre ellos los blindados-, el traslado de valores, así como la contratación de servicios contables y jurídicos.

 

De ser aprobada, será posible la intervención directa de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Hacienda, así como una coordinación entre ambas dependencias para lograr proveer a la PGR de la información para perseguir este delito.

 

“Dicha ley tiene como fin fundamental debilitar las estructuras del crimen organizado, pero también implica la armonización de nuestra legislación a una serie de principios, criterios y reglas, que hoy rigen en la comunidad internacional”, explicó el senador panista y presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, Roberto Gil Zuarth.

 

En abril de 2011, antes de concluir el último periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, la minuta sufrió 33 modificaciones en dicha Cámara revisora, y ayer fue dictaminada por las comisiones unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos II, con lo cual ya estaría lista para ser discutida ante el pleno.

 

La iniciativa fue enviada al Senado por el Ejecutivo en 2010 en su facultad de Cámara de origen, pasó a la Cámara de Diputados en donde fue revisada, modificada y votada con 343 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones y ahora regresa a la Cámara Baja para poder ser votada y posteriormente, de ser aprobada, será publicada en el Diario Oficial de la Federación.