La OCDE entregó hoy al presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, un documento con más de un centenar de recomendaciones de política pública en ámbitos muy diversos, a fin de colaborar en el diseño de las reformas del país.

 

“Es el momento de la construcción, de cerrar filas alrededor del presidente electo y de su proyecto de Gobierno por el bien de todos los mexicanos”, dijo el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el mexicano José Ángel Gurría.

 

Durante la presentación del informe “México: mejores políticas para un desarrollo incluyente”, recordó que este país sigue siendo el de “menor desarrollo relativo y con las mayores desigualdades en la OCDE”.

 

Por ello, con más de 50 millones de personas en pobreza patrimonial, “tiene urgencia de convergencia” con las otras economías más desarrolladas que pertenecen a ese grupo, dijo Gurría, quien fue ministro durante el último Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre 1994 y 2000.

 

Sobre los comicios del 1 de julio pasado, en los que venció el candidato del PRI, el titular de la OCDE dijo que “una vez más se respetó la voluntad popular” en México, un país que “cuenta con instituciones sólidas que fortalecen su vocación democrática”.

 

Con la pretensión de establecer una más estrecha colaboración, Peña Nieto y Gurría firmaron hoy una declaración de intenciones para establecer un Acuerdo Marco de colaboración durante la próxima Administración, que inicia el 1 de diciembre.

 

El primer elemento del trabajo compartido en ciernes es el documento presentado hoy, un diagnóstico detallado del México actual dividido en veintiún capítulos que analiza temas relacionados con economía, política y desarrollo, y presenta 109 recomendaciones.

 

En materia fiscal, la OCDE sugiere a México “aumentar los ingresos tributarios”, los impuestos “a la propiedad inmobiliaria, y a las emisiones de gases de efecto invernadero”, e incrementar “las responsabilidades fiscales de estados y municipios”, entre otras cuestiones.

 

En política energética urge a “eliminar los subsidios” aún vigentes, “continuar la reforma al marco de inversiones del sector de petróleo y gas”, con participación privada limitada desde 2008, y “establecer un régimen regulatorio apropiado y robusto” para explotar shale gas.

 

Frente a la pobreza y la desigualdad, el organismo recomienda “aumentar el gasto social” y sustituir los subsidios por transferencias en efectivo para los más pobres”, así como mejorar la productividad en los servicios de salud y la calidad de la educación.

 

El informe dedica un capítulo a analizar “el impacto económico de la seguridad” y plantea al futuro Gobierno “elaborar una evaluación de desempeño de los sistemas de justicia penal” y de los incentivos que hay en los estados y municipios para “contribuir a la reforma de los sistemas de justicia y al fortalecimiento de las instituciones”.

 

También insta al presidente electo a “movilizar la capacidad estadística y analítica de México” para “mejorar las evidencias y la calidad de los indicadores de seguridad”, incompletos unas veces, y otras no disponibles, como ha sucedido con la cifra de homicidios relacionados con la delincuencia organizada.

 

Peña Nieto dijo que hacía suyo el documento y la voluntad de colaboración con la OCDE, que calificó como una “gran oportunidad de recoger las mejores prácticas de los países más desarrollados del mundo”.

 

Se dijo convencido de que entre sus conciudadanos hay un ánimo de “cambiar a México” y conducir al país hacia una “modernización” que le permita ser “una potencia económica mundial” con un mayor protagonismo internacional al lado de países como Indonesia, Corea del Sur y Turquía.

 

Respecto a las reformas que tiene en mente, coincidió con la OCDE en que México necesita “establecer un sistema fiscal renovado, con una base tributaria más amplia” y “más redistributivo”.

 

Además, señaló que en materia energética impulsará un plan de desarrollo “estratégico, basado en una visión de largo plazo”.

 

Respecto a la reforma laboral, dijo ser partidario de que impulse un esquema “moderno e incluyente, que permita una mayor generación de empleos” y una menor informalidad.

 

Finalmente, Peña Nieto confió en tener en Gurría a un “aliado” de México en los próximos años en la colaboración que exista, misma que quedará plasmada en un acuerdo marco a suscribir próximamente.