La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acceso a las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista para demostrar que el PRI recurrió a tarjetas Monex y monederos electrónicos de Soriana con el fin de comprar votos para su candidato presidencial.

 

La comisión encargada de calificar la elección, formada por los magistrados Salvador Nava Gomar, Flavo Galván y Constancio Carrasco, informó que la fiscalía, adscrita a la Procuraduría General de la República, solicitó que se le indique si hay un juicio radicado por los casos de Monex, Soriana y el presunto fraude por 56 millones de dólares cometido en contra del empresario José de Aquino, a quien supuestamente se contrató para hacer una campaña de promoción de Enrique Peña Nieto en Estados Unidos, que se le pagaría con recursos públicos procedentes del Estado de México.

 

La FEPADE, a través de sus agentes del Ministerio Público, también pidió al Tribunal que le informe si existe un juicio contra Miguel Alonso Reyes, gobernador de Zacatecas, por el presunto uso de recursos públicos y programas sociales para inducir el voto a favor de Peña Nieto; además, preguntó si hay algún procedimiento iniciado para investigar el uso de recursos públicos para el traslado de simpatizantes del PRI al Estadio Azteca el 8 de junio pasado; en esa fecha, integrantes del Movimiento #YoSoy132 convocaron a protestar contra el PRI en el juego de la Selección Mexicana contra Guyana.

 

El Ministerio Público solicitó acceso a las tres mil tarjetas de Soriana entregadas por el Movimiento Progresista al Tribunal, sin embargo, esta petición se rechazó por el TEPJF que envió las tarjetas a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral para que investigara si se usaron en la compra de votos.

 

El Tribunal entregará una copia de la demanda del Movimiento Progresista, el informe circunstanciado de las pruebas aportadas que hizo el IFE y el escrito en el que la coalición PRI-Verde responde al juicio de impugnación para que la FEPADE determine si hay delitos qué perseguir; asimismo, le permite acceso al expediente para consulta, siempre y cuando ésta no interfiera con los trabajos de la comisión encargada de calificar la elección.