El PRI ha encontrado al menos 37 contratos otorgados por el Gobierno del Distrito Federal a la asociación Austeridad Republicana; presumen que esos recursos sirvieron para fondear a la agrupación Honestidad Valiente, que cubrió los gastos de la estructura operativa de Andrés Manuel López Obrador.

 

Además del contrato para la digitalización de archivos y manejos de datos del contribuyente por 4.5 millones de pesos, que se firmó cuando la asociación civil sólo tenía dos meses, y los 16 que reconoce la Secretaría de Finanzas del GDF, los priistas han encontrado información de que hay 20 más que están denominados como de asociaciones de desarrollo y transparencia (SAD)

 

Es por ello que el PRI acusa a la coalición Movimiento Progresista de haber utilizado una estructura paralela de financiamiento para la campaña de Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto haber cometido fraude a la ley, violación de topes de campaña y financiamiento ilícito.

 

En documentos del PRI se señala que “la interrelación de asociados, representantes y operativos en Austeridad Republicana (AR) y Honestidad Valiente (HV), obliga al IFE a corroborar si han existido relaciones financieras cruzadas entre ambas asociaciones particularmente, si existen contratos, donativos, aportaciones o financiamiento entre ellas”.

 

Lazos entre organizaciones

 

Honestidad Valiente se fundó el 14 de septiembre de 2006, tiene como asociados a Alejandro Esquer (ex secretario particular de López Obrador); Gabriel García Hernández, César Alejandro Yáñez Centeno Cabrera (vocero del Gobierno del DF y de la campaña presidencial en 2006 y 2012), Laura González Nieto y Polimnia Romana Sierra Bárcena (ex coordinadora del equipo de seguridad de AMLO y diputada electa por el DF, representando al PT).

 

Austeridad Republicana se fundó el 14 de febrero de 2007 y, según el PRI, ambas mantienen una relación patrimonial y operativa. Las dos fueron fundadas y presididas por Javier Núñez López, ex director de recursos materiales del GDF, y tienen un representante común que es Gabriel García Hernández, ex director de recursos materiales del GDF, que al igual de Núñez López dependía de Octavio Romero Oropeza, quien era Oficial Mayor del GDF y es actual coordinador financiero de la campaña de AMLO.

 

García Hernández fue cofundador de HV, y operador del contrato que recibió AR por parte del gobierno de la ciudad en 2007, identificado como CS- 062007, para digitalización de archivos y manejo de las bases de datos de contribuyentes y según un documento de la Oficialía Mayor en 2004, cuando trabajaba ahí, fue parte del Comité de Informática de la dependencia.

 

Cuando AR consiguió el contrato tenía apenas dos meses de fundada y no contaba con planilla registrada ni en el IMSS ni Infonavit, se le contrató porque ya prestaba servicios en diversos municipios en ocho estados.

 

En los análisis del PRI se señala que los contratos asignados a AR le permiten operar un mecanismo de “asesorías” a los contribuyentes en problemas, los cuales tienen estrecho contacto con los despachos afines a los operadores financieros del GDF, garantizando el arreglo y solución de las acciones de auditoría.

 

Para otorgar esos contratos se modificó el Código Financiero del DF privatizando los servicios de recuperación fiscal, poniendo al servicio de AR un rentable monopolio que le genera cuantiosas ganancias.

 

Además en el documento priista se señala que AR es beneficiaria de apoyos ya que se tiene información que la Caja de previsión para trabajadores en lista del GDF le ha derivado recursos, según la Secretaría de Finanzas.

 

Honestidad Valiente fue constituida en 2006 y según el PRI en ella se han depositado multimillonarios recursos, sin transparencia alguna y sin emitir o entregar comprobante fiscal alguno.

 

Tanto Austeridad Republicana, legisladores del PRD, y un número desconocido de personas no identificadas, en el más absoluto anonimato han depositado cantidades que Gabriel García Hernández administró y entregó a AMLO y a sus operadores más cercanos.

 

Los priistas incluso señalan que hace cuatro años, HSBC tuvo que cancelar la cuenta bancaria que tenía HV en esa institución ya que recibía enormes sumas en efectivo y sin que dicha empresa tuviera operación profesional o comercial que justificara sus movimientos.

 

Por todos estos motivos y esta información aún incompleta, el PRI pidió a la Comisión de Fiscalización del IFE que investigue las irregularidades cometidas, en esta estructura paralela que, aseguran, sirvió para pagar los sueldos de Andrés Manuel López Obrador, la estructura de activistas de Morena, viajes giras y viáticos de AMLO y su equipo, y sus escoltas.

 

 

 

Deja abogado a demandante del PRI

 

 

El PRI informó que el abogado Maxwell C. Agha, representante legal de José Luis Ponce Aquino en Estados Unidos, quien demandó al partido por intento de fraude, renuncia a la representación legal del empresario por considerar que éste pudo haber cometido delitos en la presentación de su demanda.

 

El empresario acusó al PRI e integrantes del equipo de su candidato presidencial, Enrique Peña, de intento de fraude ya que, alega, le propusieron coordinar una campaña de promoción del político en Estados Unidos pero no le pagaron.

 

En una comunicación dirigida al litigante Christopher Ludmer, representante legal del PRI en el citado caso, Agha dio a conocer que a raíz de graves inconsistencias en la demanda presentada por su cliente, dejará la consejería legal de Aquino.

 

También dio a conocer la carta del pasado 20 de julio que envió el bufete de Ludmer a Agha en la que le señala que la demanda presentada por Aquino “parece carecer de cualquier fundamento, se encuentra erróneamente promovida, no logra establecer los hechos sobre los cuales se basa… e intenta imputar delitos tan graves como el de crimen organizado a personas inocente”.