Ante la impugnación del Movimiento Progresista, en su defensa el PRI se declara a favor de la libertad de prensa y también argumenta que las notas periodísticas, en las que en gran parte está basada la objeción, por sí mismas no son pruebas que acrediten ni siquiera indicios, por lo que son inconsistentes para declarar la invalidez de la elección presidencial.
En el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, que expuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el PRI hace un análisis de los documentos presentados por el Movimiento Progresista en el que demuestra que más de 30% de las pruebas ofrecidas ni siquiera se presentaron.
Respecto a la falta de equidad en los medios de comunicación y en particular en lo que se refiere a los medios escritos, se señala que “no es posible que la ley imponga a los medios de comunicación escritos deberes de igualdad o equidad sobre los espacios que dediquen a cada uno de los partido o candidatos contendientes en los procesos electorales”.
De acuerdo al monitoreo priista, que es parte de los argumentos que se presentan ante el Tribunal, señala que quedó demostrado “el pluralismo informativo esencial en la formación democrática de la opinión pública”.
Al referirse a “la adquisición encubierta en radio, televisión y medios impresos” que aduce el Movimiento Progresista, se afirma que la impugnación no tiene ningún sustento y que se debe respetar el Artículo sexto de la Constitución respecto al derecho a la información.
A lo largo de las más de mil 600 cuartillas, el PRI busca demostrar que no hubo rebase de topes de campaña, ni financiamiento irregular por parte de Monex, y que en la impugnación no quedó demostrado que las encuestas influyeran directamente en los votantes.
Uno de los puntos más sonados respecto a esta impugnación es el caso Soriana, en el que el PRI retoma todas las notas periodísticas en las que basa su acusación el Movimiento Progresista y señala que por su naturaleza de documental pública sólo acreditan lo que dicen sus autores, pero que no existe una determinación de las autoridades que las califique como falta en materia electoral o hechos ciertos.
El PRI subraya que las notas periodísticas no resultan idóneas para acreditar fehacientemente los hechos reclamados, toda vez que la mera publicación de una información no trae aparejada indefectiblemente la veracidad de los hechos, pues su origen puede obedecer a muy diversas fuentes cuya confiabilidad no es siempre constatable.
Además de que en el proceso de obtención y procesamiento de la noticia puede existir una deformación del contenido informativo, ya sea por omisiones o defectos en la actividad periodística o por la interpretación de los hechos.
Por lo que se refiere a los testimonios del notario 198 del DF, de que 22 personas reunidas en la Unidad habitacional Voceadores de México acusaron al PRI de haberles dado tarjetas de Soriana por mil pesos, el PRI señala que debido a que el testimonio no se hizo de manera inmediata, ni siquiera el día de la jornada electoral, “tiene un limitado valor probatorio”.
La fe de hechos, se explica en el documento, es del 11 de julio, por lo que no fue ni espontánea, ni inmediata; además, el abogado priista afirma que la fe notarial carece de los elementos mínimos para siquiera considerarlo presunción, ya que el notario no recibió el testimonio directo de cada una de las 22 personas que asentó en el acta, ni quedaron debidamente identificados con sus generales, ni mucho menos asentaron la razón de su dicho en forma individual.
“Lo que se desprende claramente es que todas las personas le manifestaron los mismos hechos, en el mismo lugar, al mismo tiempo”, por lo que piden que se desvanezca esta prueba por la falta de formalidad.
De las pruebas documentales se señala que el Movimiento Progresista ofreció cinco mil 640 tarjetas Soriana con el logotipo de la CTM y tres telefónicas, sin embargo, sólo entregó dos mil 45 a la autoridad electoral.
El PRI explica que ya hizo valer que las tarjetas de la CTM fueron entregadas a trabajadores de esa central para recibir descuentos y que por lo tanto no podían ser utilizadas para la compra de votos.
Concluye que al no probarse vínculo de causalidad entre las tarjetas exhibidas y las demás pruebas testimoniales o técnicas lo proceden es que se les nieguen los alcances demostrativos.
Así, uno a uno, el PRI busca tumbar todos los alegatos que utiliza el Movimiento Progresista para invalidar la elección del candidato presidencial Enrique Peña Nieto ante el Tribunal Electoral que tendrá que calificarla a más tardar en los primeros días de septiembre.
Rechaza acusación de lavado
El PRI negó que hubiera un presunto financiamiento ilícito o proveniente del lavado de dinero en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, como lo denunció Andrés Manuel López Obrador.
Aunque el partido convocó a una conferencia a las 6 de la tarde para presentar su respuesta a los señalamientos del ex candidato del Movimiento Progresista, ésta fue entregada en un comunicado, donde la dirigencia priista condenó el uso de la mentira por el aspirante del Movimiento Progresista y rechazó las acusaciones de lavado de dinero, las cuales, desde su punto de vista, constituyen una abierta difamación.
“Ante el hecho de que cada acusación o demanda emitida ha sido esclarecida y abatida por su propia debilidad, queda claro que el señor López Obrador y su equipo van de mentira en mentira. Bajo esta lógica, demandó el conteo voto por voto y cuando éste se verificó y confirmó el resultado, cambió su argumento a la compra masiva de sufragios, que tampoco pudo sostener y ahora lanza otra acusación inverosímil de lavado de dinero”.
El PRI se dijo dispuesto a aportar la información y pruebas que las autoridades electorales le requieran para acreditar que el origen y el destino de todos los recursos de su campaña presidencial fueron lícitos y se ajustó a los topes de campaña.
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