Equipo de última generación que permite el rastreo satelital con capacidad para interceptar llamadas en tiempo real de cualquier compañía de telefonía, la verificación de correos electrónicos y hasta mensajes de texto son algunas de las características del sistema de intervención de comunicaciones que Estados Unidos adquirió para la Procuraduría General de la República (PGR).

 

La orden de licitación S-INLEC-06-R-4024, a la que 24 HORAS tuvo acceso, detalla las características de la tecnología que el gobierno de los Estados Unidos compró a una empresa estadounidense, la cual se instaló en un centro de monitoreo construido en las instalaciones de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la PGR.

 

Este plan de adquisiciones se emitió en 2006 y debía concluir en ese mismo año; sin embargo, de acuerdo a información confirmada por funcionarios federales, se amplió hasta abril pasado, porque se compró mayor cantidad de quipo con las mismas características.

 

El centro de monitoreo, explicaron las fuentes, no quedó a cargo y uso de la AFI sino de agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) de la PGR, y todo el personal que opera el sistema fue entrenado y evaluado por agencias de Estados Unidos, que certificaron su confiabilidad y los mantiene bajo supervisión permanente.

 

De acuerdo con el documento, el primer equipo adquirido tuvo un costo de por lo menos cuatro millones de dólares, aunque los funcionarios consultados comentaron que se adquirieron dos.

 

Según la licitación, la empresa contratista que resultara ganadora tendría que proporcionar un sistema “con la capacidad de interceptar, analizar y manipular la información que se obtuviera de todos los sistemas de comunicación (digital y análogos) en México”.

 

Lo anterior, con el objetivo de que este sistema se convirtiera en un apoyo para al AFI en su misión de “detectar, prevenir y mitigar delitos federales de gran envergadura en México, lo que incluye tanto el narcotráfico como posibles actos terroristas”.

 

Todas las características que especificaba el plan de adquisiciones fueron cumplidas por la empresa estadounidense que, de acuerdo a las fuentes consultadas, ganó el contrato.

 

Todo se espía 

El documento de la licitación lanzada el 16 de diciembre de 2005, a través del Departamento de Estado estadounidense, precisaba que el sistema se destinaría a intervenir las comunicaciones o sesiones de intercambio de comunicación de diversas compañías que operan en México.

 

Fundamentalmente de las redes PSTN y análogas de Telmex, de las líneas GSM y TDMA de Telcel, de la red IDEAM/GSM de Nextel, de la red de Telefónica, de la red de UNEFON, de las líneas y redes CDMA y TDMA de Iusacell, de las redes de voz y datos CISCO y de paquete de toda la tecnología de transmisión de datos (Internet) de PRODIGY.

 

A esto debió acompañarse de la instalación de una central de monitoreo con la capacidad de reproducir, en tiempo real y en grabación posterior, la comunicación intervenida; decodificadores de comunicación vía FAX; decodificación de paquetes de datos; almacenamiento de al menos 25 mil horas de llamadas; almacenamiento de todas las sesiones de intervención de comunicaciones.

 

“La ubicación de esta central será en las instalaciones de la AFI en la Ciudad de México, en un sitio de reciente creación especialmente diseñado para ello, de 6 x 8 metros, con un falso piso elevado, controles de aire y de humedad, supresores de fuego, energía eléctrica, y los adaptadores necesarios para equipos informáticos”, detalla la licitación.

 

Se establece que la central debería contar con al menos 30 terminales de monitoreo con igual número de impresoras, rastreo y localización de comunicación celular.

 

En resumen, la tecnología permite a la SIEDO intervenir en las redes de comunicación TDMA, GSM, CDMA, iDEN, AMPS, PCS, landline, FAX, Email, chat, internet, SMS (mensajes de texto) and VoIP de todo el país.

 

Lo sistemas de intercepción de comunicaciones que finalmente se instalaron son compatibles con las redes de telefonía e Internet que existen en México y es capaz de intervenir, monitorear y grabar las comunicaciones en tiempo real o almacenar el contenido de más de 2 mil horas, para un análisis posterior.

 

Sesenta teléfonos 

Tal y como lo precisaba la licitación, se instaló la tecnología necesaria para programar anticipadamente las intervenciones en los “blancos”, independientemente de la compañía o la zona en la que se encuentre el dispositivo que se pretende verificar.

 

Los estadounidenses exigieron una capacidad mínima para intervenir hasta 60 llamadas al mismo tiempo, con cada equipo que se fuera a comprar.

 

El registro de cada una de las llamadas incluye la fecha, hora en que se inició la comunicación, duración, fin de la llamada, sitio del que se originó el telefonema, número marcado, número de origen, identificación del equipo celular si es el caso, entre otros.

 

La licitación también planteaba que el sistema debe incluir herramientas que auxilien a los agentes en su investigación, como por ejemplo, la generación de banco de datos de las voces escuchadas, la habilidad de realizar cruces de llamadas  y la localización en tiempo real y vía satelital del teléfono, computadora o dispositivo que se esté revisando, así como el análisis cartográfico de la zona.

 

Pero no es todo, pues además se plantea que la tecnología que se implemente debe facilitar la transferencia de la llamada o información que se esté interviniendo a los dispositivos de los agentes desplegados en el campo, incluyendo imágenes o texto, lo que les permite hacer un cateo o detención mientras escuchan la conversación.

 

La licitación exigió que la empresa ganadora mantenga un representante de servicio en México o una oficina responsable, para que en caso de cualquier consulta o problema se proporcione una respuesta satisfactoria dentro de las primeras 48 horas.

 

Costo inicial sería de 4 MDD

La licitación S-INLEC-06-R-4024 establece que el proyecto estaría dividido en cuatro etapas, siendo el presupuesto base de cada una de estas etapas de un millón de dólares, aunque se prevé que el monto pueda variar.

 

La primera etapa consiste en dotar a la AFI de la capacidad de intervenir las comunicaciones de Telmex y Telcel, así como la instalación del centro de monitoreo. La segunda etapa solo se describe como “reservada” y la tercera menciona los sistemas de comunicaciones unificadas de voz video y datos CISCO VoIP y otras capacidades de rastreo que especifique el Gobierno de Estados Unidos. En la cuarta etapa se instala la capacidad de monitoreo del resto de las compañías.