Según una encuesta realizada por Defoe en marzo de 20121, para 56% de las personas entrevistadas, la seguridad y el narcotráfico son los principales problemas del país.
La cifra es razonable si pensamos en la inmensa cantidad de información que hemos estado recibiendo al respecto en los últimos cinco años y que, inclusive, ha desplazado a otros temas de interés, como el desempleo, la crisis económica o la mala calidad de la educación. Sólo en el actual proceso electoral es que el tema de la inseguridad ha sido desplazado del debate público por los medios de comunicación, pero no de las principales preocupaciones de la ciudadanía y de las prioridades del gobierno federal.
Ejemplos de ello son el crecimiento en el presupuesto en seguridad y justicia, que en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón ha sido del 87%2 (con todo y producciones televisivas sobre operativos) y el lugar que ocupan en la agenda interna del país el narcotráfico y la delincuencia organizada (lo que sea que esto signifique).
Sin embargo, hablar de seguridad pública implica más que narrar la mera disputa de plazas por parte de los grandes cárteles, crear teorías sobre la violencia que existe alrededor de este problema o hacer propuestas para que tus candidatos las presenten más como lugares comunes que como soluciones concretas y viables a un problema complejo.
¿Qué es incidencia delictiva?
Es el número de delitos del fuero común o del fuero federal que son registrados año con año.
En el fuero común se encuentran los delitos de los que deben encargarse las autoridades locales —como robos, homicidios, lesiones, daños en propiedad ajena, fraudes o los delitos sexuales— dado que afectan directamente a la ciudadanía y a su patrimonio.
Delitos como el robo han aumentado en los últimos cinco años, en tanto que otros delitos se han mantenido igual, como se puede observar en la gráfica 1.
Los delitos federales por su parte, son aquellos que afectan los intereses de la sociedad y del Estado —como las violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos electorales, contra la salud, asociación delictuosa o delitos ambientales—, por lo que son responsabilidad de la policía y la procuraduría federales.
Como vemos en la gráfica 2, estos delitos han aumentado consistentemente en los últimos seis años. Destaca el caso de los delitos contra la salud, pues una parte de las competencias de las autoridades federales han pasado al fuero común o se han reglamentado algunos casos, como posesión y consumo de pequeñas cantidades de droga, ello, derivado de una reforma constitucional y al Código Penal Federal.
¿Con qué recursos se cuenta?
Los recursos destinados a prevenir delitos, investigar, detener y castigar delincuentes no se corresponden con los resultados. La gráfica 3 nos muestra el crecimiento de los recursos destinados a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, las secretarías de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como los diversos fondos, transferencias y subsidios tales como el Fondo de Aportaciones en Seguridad Pública (FASP), el Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN), el Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) y fondos metropolitanos 3.
Además de que no observamos disminuciones considerables en los delitos del fuero federal o en homicidios violentos relacionados con el crimen organizado, las policías siguen sin completar los controles de confianza a los que, tanto el Gobierno Federal como los gobiernos locales, se comprometieron en el 2008.
Por otro lado, los rubros del gasto público que menor crecimiento han tenido son la procuración de justicia a cargo de la Procuraduría General de Justicia y la impartición de justicia, responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal; es decir, los encargados de investigar los delitos y juzgar a los criminales no han visto incrementados sustantivamente sus recursos. Con esto, no es de extrañar que los jueces federales solo hayan condenado a 22 presuntos delincuentes por homicidio y otros delitos asociados con delincuencia organizada durante el periodo de diciembre del 2006 a enero del 20114.
* Consultora de Inteligencia Pública
1. Encuesta Nacional de mil casos, levantada del 24 al 26 de marzo, con un error muestreal de +/- 2.45%.
2. México Evalúa. Gasto en Seguridad. Observaciones de la ASF a la Gestión y uso de recursos.. Http//www.mexicoevalua.org/descargables/6c9a29_MEX_EVA-INHOUS-GASTO_SEG.pdf
3. México Evalúa. Gasto en Seguridad. Observaciones de la ASF a la Gestión y uso de recursos.
4. Human Rights Watch, Neither Rights Nor Security, Killings, Torture, and Disappearances in Mexico´s “War on Drugs”, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111webwcover_0.pdf
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