La Cámara de Diputados recibió de la PGR una respuesta a un punto de acuerdo donde indica que en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) existen siete procesados por el delito de introducción ilegal de armas a México y dos sentencias en la materia.
En el punto de acuerdo, promovido por la priista Guadalupe Pérez Domínguez, se solicitó a la titular de la PGR un informe sobre las estadísticas de procesados y sentenciados por el delito de tráfico de armas.
La legisladora mencionó que cada año se cometen miles de asesinatos con armas de alto poder que ingresan clandestinamente a territorio nacional, como consecuencia de la corrupción, la impunidad y la complicidad de muchas autoridades.
Pérez Domínguez indicó que la industria de las armas representa para el gobierno de Estados Unidos un negocio de más 30 mil millones de dólares al año.
Actualmente, comentó, existe un registro de más de 100 mil distribuidores y vendedores al menudeo, de los cuales cinco mil se ubican en la frontera con México.
Refirió que ante las crecientes lagunas jurídicas en los controles nacionales se demuestra la necesidad de establecer reglas globales para responder a este comercio, por lo que la comunidad internacional se ha manifestado por un Tratado Multilateral efectivo en el tema.
En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, la Procuraduría General de la República (PGR) detalló que 10 delegaciones estatales informaron haber encontrado datos sobre el delito de introducción ilegal de armas, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011.
Sin embargo, aclaró que no se pueden proporcionar mayores datos, en virtud de que se trata de información que no es de carácter público, conforme los códigos Federal de Procedimientos Penales, Penal Federal, así como las leyes Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Orgánica del Congreso General.