Un terreno industrial de mil 600 hectáreas, localizado en el estratégico puerto Industrial de Altamira, y con un valor de 320 millones de dólares, habría sido vendido a Fernando Alejandro Cano Martínez por la cantidad de 14 millones de pesos, durante la administración de Tomás Yarrington.

 

Bajo un esquema de administración de bienes inmuebles propiedad del Estado, la entidad paraestatal del estado de Tamaulipas conocida como “Fideicomiso Nuevo Santander” vendió el terreno a la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A. de C.V. a un precio de 87 centavos el metro cuadrado, siendo que un predio de esas características, situado en una zona industrial contigua al puerto de Altamira, costaba entre 200 y 500 pesos por metro cuadrado.

 

El fideicomiso Nuevo Santander se creó  para fomentar el desarrollo industrial del Estado, recibió a lo largo inmuebles diversos propiedad de la entidad con el fin de administrarlos, como es el caso del terreno citado.

 

Originalmente el terreno perteneció a ejidatarios y fue expropiado por el gobierno federal en 1981, proceso que se resolvió en 1996; se pensó destinarlo para construcciones y accesos en el puerto. Finalmente la Federación transfirió dichos terrenos al gobierno estatal para destinarlos a un proyecto de construcción de un canal navegable que correría de Brownsville a la ciudad de Tampico, pero el proyecto nunca se realizó.

 

Sería en el año 2001 cuando por decreto se entregaron las mil 600 hectáreas al Fideicomiso Santander, y tan solo un mes después fueron vendidos a la empresa constructora de Fernando Cano por 14 millones de pesos.

 

En un punto de acuerdo presentado por el entonces diputado local Luis Alonso Mejía García, durante la administración de Yarrington, el legislador acusó al gobernador de beneficiar al empresario tamaulipeco con contratos multimillonarios, obtenidos gracias  a la amistad entre ambos personajes y a “un pacto de caballeros”, e incluso comparó a Fernando Cano como “el Carlos Ahumada de Tamaulipas”.

 

Posteriormente el punto de acuerdo fue desechado por la Comisión de Gobernación del Congreso Estatal, al alegar que el inmueble en cuestión, se conforma por terrenos bajos y anegadizos a orillas del mar, y que para volverlos útiles sería necesaria una operación de relleno con un costo de 90 millones de pesos, que serían absorbidos por la empresa.

 

Sin embargo, el costo de relleno comparado con el margen de beneficios, aun se encuentra muy abajo en la balanza.