A casi cinco meses de la elección federal, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) busca blindar al IMSS, institución que atiende a casi 15 millones de afiliados en todo el país.

 

 

Mediante un acuerdo firmado con el IMSS, la Fepade pretende evitar prácticas como la coacción a los trabajadores del instituto para votar por cierto partido o candidato, o que sean obligados a acudir a mítines políticos en horas laborales; se busca también evitar que a los derechohabientes se les condicione el servicio o los beneficios de programas sociales.

 

 

El Programa de trabajo para la colaboración interinstitucional signado por ambas instancias fomenta la denuncia de los ciudadanos en contra de servidores públicos que incurran en estas prácticas, según señalaron Imelda Calvillo, titular de la Fepade, y Daniel Karam, director de la dependencia de salud.

 

 

“El propósito es que todos los ciudadanos conozcan cuáles son los delitos electorales y que cuentan con las herramientas necesarias para denunciarlos”, subrayó Calvillo.

 

 

Los derechohabientes podrán conocer todo el programa, el blindaje de los servicios y los lugares en donde podrán denunciar a través de la página de la institución. “Tenemos que asegurarnos de que los recursos se destinen a los fines para los cuales fueron aprobados”, dijo Karam en su intervención.

 

 

En este programa participan ya 27 dependencias gubernamentales y entidades, sobre todo en aquellas donde habrá procesos electorales este año, como Nuevo León, Jalisco, Distrito Federal y Morelos.

Los servidores públicos, elementos policiacos, instituciones políticas, organizaciones civiles y ciudadanos son capacitados para que conozcan los delitos electorales.

En enero de este año, la Fepade recibió 88 denuncias por delitos electorales, de los cuales seis están relacionadas con la coacción del voto a favor der algún candidato; desvío de fondos; amenazar o prometer pagos o dádiva que comprometen el voto.

El resto son por alterar el padrón electoral, expedir credenciales ilícitamente y recoger las credenciales sin una causa prevista por la ley.