La reciente inhabilitación del juez español Baltasar Garzón por haber ordenado escuchas a una red corrupta amenaza la independencia de los jueces en el mundo, advirtió el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar.

 

“Es un asunto que impacta a las funciones jurisdiccionales no sólo de España, sino del mundo entero y es nuestro deber estar siempre alertas”, alertó el magistrado mexicano durante la toma de posesión del cargo de cinco nuevos jueces.

 

La condena de Garzón, el juez más conocido en España por su lucha contra la banda terrorista ETA, por ordenar la detención del dictador chileno Augusto Pinochet y perseguir a represores argentinos, ha generado una oleada de críticas en España y en el exterior.

 

“Hoy encaramos un hecho que viene a subvertir todas nuestras ideas en torno a la independencia judicial y me refiero (…) al caso del juez Garzón en España, quien ha sido sancionado con una especie de silencio judicial, inhabilitándole para ejercer su función y precisamente por ejercerla”, dijo el juez mexicano.

 

En el acto judicial, el responsable del TSJDF coincidió con su colega Eugenio Raúl Zaffaroni -magistrado de la Corte Suprema de la Nación en Argentina-, en que el caso de Garzón “es una pauta” de reflexión internacional para que los jueces puedan protegerse “de los de factores de poder, sean de la naturaleza que fuesen”.

 

Añadió que la independencia externa posibilita a los jueces “el ejercicio de su función, decidiendo conforme a su comprensión del derecho, que, como es sabido, no es única ni unívoca”.

 

Ante una veintena de jueces del TSJDF y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Elías Azar expresó su coincidencia con el magistrado argentino en que “nada de lo que pasa en el mundo nos es ajeno”.

 

El Tribunal Supremo español encontró a Garzón culpable de prevaricación y le condenó el pasado 10 de febrero a 11 años de inhabilitación por haber autorizado interceptar las conversaciones en prisión de presuntos cabecillas con sus abogados en el “caso Gürtel”, una trama de corrupción que implica a empresarios presos y políticos en España. EFE