La contratación de millonarias deudas estatales y municipales en los últimos años ha sido motivo de frecuentes escándalos que han ocupado las primeras planas de los diarios del país. Los aludidos han contestado que las críticas provienen del gobierno federal con una clara intención electoral y que el crecimiento y acumulación de las deudas estatales y municipales ha sido sobredimensionada.

 

Es probable que la intención detrás de algunas de estas publicaciones en la prensa tenga que ver efectivamente con ‘filtraciones’ al calor de las luchas políticas para denostar a los rivales electorales. Recordemos que así estalló el escandaloso caso del ex gobernador Humberto Moreira en Coahuila.

 

Pero en este, y en muchos otros casos, las cifras no mienten más allá de los fines que impulsen a quien filtre la información. Hace 5 años las obligaciones financieras de los estados representaban 50 centavos por cada peso que recibían en participaciones federales. Ahora esta relación es de 80 centavos por cada peso. Sin embargo en el estado de Coahuila –cuyas deudas se multiplicaron por 4 en un año como porcentaje del PIB estatal- esta relación es preocupante: Sus obligaciones financieras triplica el ingreso que obtiene por participaciones federales. Situaciones similares –aunque menos dramáticas- las enfrentan estados como Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Nayarit, Michoacán, Veracruz o el Distrito Federal.

 

Pero en cada estado es discutible la gravedad o peligrosidad potencial del tamaño de las deudas asumidas en los últimos años. Más aún. Dado el bajo nivel de endeudamiento que presentaban los estados y municipios hace una década, era deseable que éstos tuvieran una política de deuda pública mucho más activa para allegarse recursos en los mercados financieros e impulsar sus planes de desarrollo.

 

Pero el fondo del asunto no es el tamaño que han alcanzado las deudas estatales. El asunto es el abuso y corrupción que ha entrañado la contratación de deuda pública estatal al amparo de la opacidad, discrecionalidad, escasa o nula rendición de cuentas y hasta ignorancia en el manejo de las finanzas estatales.

 

Para decirlo claro: Un puñado de intereses particulares han hecho un gran negocio en los últimos años con la contratación de deuda en los estados. Y allí me refiero a operadores de bancos de inversión, asesores en la colocación y bursatilización de las deudas, empresas calificadoras y, por supuesto, funcionarios públicos de los gobiernos estatales relacionados con las operaciones.

 

El caso Coahuila es emblemático, pero no es el único. Las sospechas sobre facturación de comisiones infladas a los asesores e intermediarios para ‘repartir’ dinero enriqueciendo a funcionarios públicos y a sus amigos involucrados, son mucho más comunes de lo que se ha documentado en la prensa.

 

O la simple selección discrecional y ‘a modo’ de asesores financieros y legales, ‘amigos’, a fin de favorecer éstos y otros actos de corrupción, es cosa frecuente en medio de la penumbra con la que se operan las finanzas estatales.

 

Aunque preocupante, el meollo de la deuda estatal no es de carácter financiero; es de prácticas corruptas generalizadas de las que, me temo, Coahuila es apenas un botón de muestra.

 

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