En muchas comunidades, el pollero es visto como un prestador de servicios a la comunidad por ser el medio de transporte para conseguir un trabajo “del otro lado”, estar con los seres queridos o simplemente para cruzar hacia la aventura. Esta actividad que es ilegal, no cuenta con el repudio de la sociedad; si bien el nombre pollero podría ser despectivo, es muy fácil encontrarlos en las comunidades o ser referenciado a uno de ellos, porque todo mundo conoce alguien que se “brincó” de manera ilegal al otro lado.

 

Este negocio ilegal fue evolucionando con el tiempo, de ser un transportista que llevaba carga ilegal pagada por adelantado a uno que ofrecía un costo mayor por viaje pero dando la ventaja de que el pago se hiciera en los EU. Esto facilitó que familiares pudieran traer a sus familiares o amigos. A mediados de los 80 se inició el financiamiento del viaje con tasas de interés del 20% al 40% por viaje, sin garantía. Pero fue a mediados de los 90 cuando se ofrecía el viaje con empleo, esto debido a la necesidad de mano de obra y garantía de trabajo en los EU en la industria de la construcción. En un par de años el sueño americano estaba al alcance de cualquier persona que pudiera trabajar.

 

Como en cualquier negocio, al introducir servicios adicionales sobre la operación principal las utilidades aumentan mucho más que los costos, porque estos permanecen fijos y el incremento del costo operativo es marginal. Las ganancias extraordinarias estaban empezando a llamar la atención de otros miembros del crimen organizado, que frecuentaban sus bares y prostíbulos donde los polleros lavaban dinero.

 

Este boom y profesionalización de los servicios ilegales de migración, tuvieron otro cambio en su estructura de mercado después del 11 de septiembre del 2001. La entrada a los EU estaría más vigilada y las grandes redes de polleros fueron identificadas por los gobiernos de la Unión Americana y México para verificar que ninguna “carga” entrara al país. Los esfuerzos de lograr un acuerdo migratorio se vinieron abajo a pesar de los esfuerzos de sectores dentro del gobierno de EU que estaban convencidos de los beneficios de aumentar la migración legal y funcionarios del gobierno mexicano que comprendieron las necesidades de seguridad de los estadunidenses post 9/11.

 

En el 2007, el cártel de Sinaloa al obtener control de Mexicali y Tijuana centralizó el flujo de migrantes ilegales e inició actividades en el servicio de trata de personas, mientras que Los Zetas consolidaron a todos los polleros en áreas rurales de México y Centroamérica con la ayuda de personal de migración y la Policía Federal.

 

La respuesta de la actual administración en materia migratoria ha sido errónea y ha permitido que el crimen organizado desarrollara una nueva línea de negocios que se calcula en 21 billones de USD, ya que ahora no es sólo migración, sino trata, prostitución y tráfico de órganos. Los Zetas ahora controlan el tráfico de personas del 60% de América Latina, debido a su expansión en territorios como Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Perú.

 

La política migratoria no ha sido una prioridad en México; por ello, se ha nombrado gente sin experiencia en esa materia como fue el caso de Cecilia Romero. Sin embargo, hay gente que sigue luchando contra la trata y una mejor relación bilateral entre México y los EU, como es el caso de Lydia Cacho que ayer obtuvo el Premio Olaf Palm por su trabajo contra el crimen organizado y Gerónimo Gutiérrez, que obtuvo el Premio a Lifetime Achivement Award por el servicio público a la frontera México-EU.

 

info@risk-evaluation.net | @albertoislas