Con la finalidad de contar con un recurso estadístico que registre la dimensión de las personas afectadas por la delincuencia organizada, y que además facilite la posibilidad de dar un seguimiento especializado en cada uno de los casos, el gobierno federal prepara el primer banco nacional de víctimas.

 

En entrevista con 24 HORAS, la subprocuradora para Personas Desaparecidas o no Localizadas de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctima), Patricia Bugarín Gutiérrez, adelantó en exclusiva el plan para poner en marcha por primera vez en el país este sistema de información.

 

“El banco nacional de víctimas será una base de datos confiable, real, que permitirá saber además cuántos y quiénes son los ofendidos, si se les están dando los apoyos adecuados”, subrayó.

 

En el 2011, numerosos activistas encabezados por Javier Sicilia, reclamaron al gobierno la falta de rigurosidad no sólo para tomar en cuenta a las víctimas de la estrategia en contra de la criminalidad, sino además para saber cuántos y quiénes eran.

 

Bugarín explicó que con el nacimiento de Províctima el 10 de octubre del año pasado, el gobierno federal busca dar una respuesta a las demandas de la población civil para que las personas afectadas no sólo por los delincuentes sino por la acción indirecta del Estado, tengan una institución que las apoye y las respalde.

 

Parte fundamental de esta tarea será la creación y consolidación del banco nacional de datos, que de acuerdo con la funcionaria, se construirá en una primera fase con los registros de las víctimas de cinco conductas ilícitas fundamentales: desapariciones, secuestros, extorsiones en su modalidad de cobros de derechos de piso, trata de personas y homicidios del crimen organizado.

 

“Buscaremos aprovechar el soporte informático que ya se tiene con Plataforma México, y a su vez con las procuradurías, tanto la misma PGR como las de los estados, pero ciertamente el principal flujo de información vendrá de Províctima”, apuntó.

 

Bugarín subrayó que ya se encuentran trabajando en las variables que se estarán manejando en el banco de datos, así como en los protocolos de selección y registro, y una vez que se concluya con esta fase, comenzará ya a integrarse la información caso por caso.

 

Y es que la subprocuradora insistió en que si bien es importante contar con el registro de víctima, más aún lo es el explotar adecuadamente la información que se tenga a través de los seguimientos en cada caso, para que realmente se traduzca en un beneficio para la población en general.

 

“Estamos siendo muy cuidadosos en las variables que básicamente van a definir el tamaño de la muestra que tendremos; ya hemos decidido los delitos con los que arrancaremos pero seguimos en la parte del análisis”, señaló.

 

Una vez que se concluya con la definición completa del proyecto, Províctima en conjunto con la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, comenzará la integración del banco nacional de víctimas.

 

La subprocuradora prefirió no dar una fecha límite para esto ocurra, pero reiteró que el objetivo es avanzar en el menor tiempo posible.

 

Acuden más mujeres

 

Durante sus tres primeros meses de funcionamiento, Províctima atendió personalmente en sus distintos centros a 3 mil 496 personas que acudieron a sus instalaciones, según datos proporcionados 24 HORAS por esa dependencia.

 

La información indica que del total de personas atendidas, 2 mil 338 fueron mujeres y mil 158 son hombres. Lo anterior significa que dos de cada tres víctimas u ofendidos que buscaron apoyo son mujeres.

 

Del total de personas atendidas, mil 112 fueron recibidas en las instalaciones del Centro Nacional de Províctima ubicadas en el Distrito Federal. Respecto a los centros regionales, 383 fueron en Tepic, Nayarit; 250, en Acapulco, Guerrero; 239, en Guadalajara, Jalisco; 190, en Mérida, Yucatán; 169, en Morelia, Michoacán; 147, en Monterrey, Nuevo león; y el resto en por lo menos 12 centros más.

 

Respecto a la naturaleza de los casos atendidos personalmente, el 6.79% fue sobre desaparecidos; 15.71% sobre violencia familiar; 10.22% homicidio; 9.55% por hechos no delictivos; 6.05% por violaciones; 5.61% por lesiones y 5.41% por privación de la libertad.

 

También hubo un 4.42% de abusos sexuales; un 4.06% de secuestros; 3.22% responsabilidad profesional; 2.39% por negligencia médica, 2.31% por amenazas, 1.87% por robo y el resto en casi 20 clasificaciones distintas.

 

En total, se han realizado 10 mil 806 sesiones de atención especializada, ya que en algunos casos la atención integral requiere de varios encuentros. En etas reuniones se ha brindado sobretodo atención y consulta psicológica, acompañamiento jurídico y trabajo social.