Los gobiernos municipales del Estado de México están facultados para echar abajo los acuerdos que pudieran alcanzar el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard y el gobernador de la entidad, Eruviel Ávila en el tema de la basura, coincidieron expertos en leyes regionales.
Lo municipios disponen de leyes para modificar o anular cualquier convenio, lo cual indica que en esta coyuntura cualquier acuerdo es frágil. Los expertos en leyes municipales aseguran que este problema no se resolverá en unos días ni en un año porque el 2012 cambiará todo el panorama político en el país y eso puede echar por tierra cualquier negociación.
Óscar de los Reyes, director del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, explica que según las leyes estatales y federales de equilibrio ecológico de manejo al ambiente, los municipios son los encargos de los sistemas de aseo público pero el estado es quien tiene el dominio sobre los tiraderos, por ello de alguna forma se explica que el gobierno mexiquense haya dispuesto de terrenos sin consulta previa.
Existe una norma oficial que regula este asunto, la NOM-083-SEMARNAT-2003 (Diario Oficial, 20/X/2004), en donde aparecen las especificaciones de protección ambiental para la selección de los sitios, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Un jugador, agregó el académico, que no se ha tomado en cuenta en este asunto es la sociedad civil, pues a raíz de las reformas al artículo 17 Constitucional ya son posibles en México las acciones colectivas para que los ciudadanos se amparen en contra de acciones de gobierno que afecten sus intereses.
El sub procurador de Inspección Industria de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Sergio Herrera Torres coincidió en que “se ha generado un confusión y no es que se esté echando la bolita o no –entre los gobiernos-”.
Para el funcionario, la solución está a nivel de estados pues según la Ley de Federal de Protección General Para la Prevención y Gestión de Residuos Sólidos, promulgada en 2004, los municipios se hacen cargo de la recolección y los estados del manejo de tiraderos y entrega de permisos y elaboración de estudios de impacto ambiental.
Pero en caso de que estos tiraderos provoquen algún daño a la comunidad, los municipios tienen la facultad de verificar. “La ley es muy clara”.
Esta situación ya sucede en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, donde la autoridad local está inconforme con el uso de territorio como depósito de la basura del DF y ha ordenado una revisión sobre las condiciones en las que opera el basurero local.
Los municipios tienen la opción de conseguir un amparo judicial o interponer una controversia ante la Suprema Corte de la Nación para que se deje de depositar basura de otros estados en sus poblaciones.
Independientemente de la controversia que existe en entre la capital, el Estado de México y los municipios mexiquenses, otra parte que permanece en la incertidumbre son los gremios que operan los sistemas de limpia en el Distrito Federal; los recolectores y las organizaciones de pepenadores.
Tanto Horacio Santiago, secretario general de la Sección 1 del Sindicato del Gobierno del Distrito Federal, responsable del Servicio de Limpia, como Luis Rojas Millán, secretario general de a Asociación de Desechos Sólidos Metropolitanos, que maneja más de mil 500 pepenadores, argumentan que la politización del problema y la falta de transparencia en los acuerdos serán “la herencia maldita para el próximo jefe de gobierno”.
Este sindicato propone que el gobierno capitalino invierta cuatro millones de pesos en la compra de dos mil camiones de doble recolección, que la separación ya venga desde las casas y nosotros nada más la depositamos en el lado del camión que corresponde y lo orgánico lo llevamos a la planta de composta del Bordo Poniente, “lo reciclable ya lo vendemos nosotros y el resto se lleva a planta de San Juan de Aragón para hacer combustible.
Actualmente, el sindicato cuenta con más de 14 mil recolectores (que tiene plazas vitalicias y heredables) y barrenderos de base, mil 200 eventuales (que tiene contratos promedio de 2.5 meses) y más de seis mil voluntarios.
La Constitución
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus distintos artículos la coordinación entre Federación, Estados y Municipios para garantizar el equilibrio ecológico, y esto incluye la coordinación para el manejo de basura.
– La Constitución en su artículo cuarto pide garantizar el derecho a un ambiente sano.
– Artículo 73, fracción 13 habla de concurrencia de la federación, estados y municipios para la prevalencia de equilibrio ecológico.
– Artículo 115, fracción 6 establece la planeación de municipios conurbados y sobre coordinación de servicios públicos y prestación de servicios públicos como recolección, manejo y disposición de residuos.
– La Ley Federal de Protección al Ambiente en sus artículos 6 y 8 las responsabilidades de cada una de las instancias de gobierno.
FUENTE: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Profepa.