La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició una averiguación previa relacionada con la introducción y utilización de un dispositivo móvil en el interior del Reclusorio Preventivo Norte, desde el cual presuntamente se estuvo operando la cuenta de Twitter @internoRENO, en la cual se denunciaban irregularidades en esa instalación carcelaria.

 

Autoridades de la dependencia capitalina informaron a 24 HORAS que los representantes jurídicos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal presentaron ante el Ministerio Público la denuncia en contra de quien resulte responsable por estos hechos.

 

La investigación caminará hacia dos vertientes: la identificación del origen de los twuits y, en su caso, de los reos responsables, observando si esto arroja alguna conducta que pueda tipificarse como delito; y por otro lado, la introducción y operación regular del dispositivo, posiblemente un teléfono, para lo cual la PGJDF presume complicidad de custodios.

 

Entre la evidencia que entregó el área de reclusorios se encuentra un teléfono “smarthphone” de la marca BlackBerry, asegurado durante un operativo la madrugada del pasado 3 de enero, así como un dispositivo IPod y un módem para transmisión de datos en banda ancha, decomisados el 7 de diciembre.

 

El Ministerio Público dio intervención a la Unidad de Investigación Cibernética de la Policía de Investigación (PDI), para que se analicen los referidos dispositivos y la utilización que se les estuvo dando.

 

De igual forma, la unidad especializada verificará también, en coordinación con instancias federales y las compañías telefónicas, la operación en las antenas repetidoras cercanas a al Reclusorio Norte, con la finalidad de “cerrar el cerco” en torno al teléfono que se haya utilizado, en caso de que no sea el que se aseguró.

 

Desde el pasado 7 de diciembre a través de la cuenta @internoRENO se realizaron poco más de dos mil 400 twuits, muchos de ellos denunciando situaciones irregulares en el Reclusorio Norte, como la renta de “cabañas” para la prostitución, el mal estado de los alimentos, o las condiciones de hacinamiento. Incluso se había anunciado la difusión de pruebas relacionadas con tráfico de drogas.