Del total de bebidas alcohólicas que se consumen en México, entre 45 y 50 % son adulteradas y de acuerdo con la Cámara de la Industria de Vinos y Licores, seis de cada 10 botellas son falsificadas, con una carga de metanol y etilenglicol que provocan mareos, pérdida de la vista o la muerte.
Por ello la Cámara de Diputados aprobó en el reciente periodo ordinario de sesiones reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y General de Salud, para establecer como delito grave la adulteración, falsificación o contaminación de esas bebidas.
Se estableció pena de uno a nueve años de prisión y multa de cien a mil días de salario mínimo a quien por sí o a través de otro expenda, venda o de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas.
La propuesta, impulsada por el diputado Marco Antonio García Ayala, indica que la producción y comercialización de bebidas adulteradas ha contribuido a que en los últimos años el mercado formal haya tenido una contracción de 30 por ciento, que impacta en la pérdida de seis mil empleos directos y 120 mil indirectos.
En entrevista, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacó que el monto de la evasión fiscal en vinos y licores durante 2008 alcanzó 32.54 por ciento, equivalente a dos mil 835 millones de pesos.
El diputado priista Arturo Zamora Jiménez detalló que en ese catálogo de delitos cometidos por grupos criminales, actos como adulteración, falsificación, contaminación o alteración de bebidas alcohólicas, así como su introducción ilegal al país, venta y distribución serán sancionados con penas acumuladas de hasta 25 años de prisión.
El diputado José Alfredo González Díaz, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) comentó que la adulteración de bebidas es considerada en el rango de la delincuencia organizada, porque no se lleva a cabo por una, dos o tres personas, sino que “es una gran red que existe en el país” la que se dedica a esta actividad.
El presidente de la Comisión de Salud, Miguel Antonio Osuna Millán, resaltó en su oportunidad que en el Distrito Federal existen dos mil 200 lugares que venden licor adulterado, que pone en riesgo la salud de la población, sobre todo de los jóvenes.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) precisó que esta problemática genera mercados informales que adulteran y falsifican alcohol, lo que afecta directamente a la sociedad por vender productos de baja calidad, dudoso origen y que dañan al comercio formal.
Al respecto el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, explicó que en la adulteración se mantiene la esencia del producto, pero hay daños a la salud pues en la falsificación se sustituye la esencia del producto con resina de madera y metanol, que causan pérdida de la vista y hasta la muerte.
El priista recordó que la reforma sanciona como delito grave la adulteración o falsificación de bebidas alcohólicas, ya que es un problema de salud pública.
También se amplía la sanción penal de uno a nueve años y de 100 a mil días de multa, porque las fábricas clandestinas que adulteran y falsifican los vinos son empresas del crimen organizado. (Notimex)