Este artículo pretendía tratar un tema distinto a la guerra pero la presidencia ganó. Calderón amenazó con buscar acciones legales contra quienes “calumnien” su lucha anticrimen. Yo no firme la denuncia ante la CPI pero coincido con sus argumentos y la suscribo.
Es tan extrema la postura presidencial que solo puede entenderse de dos maneras. Una es que se trate de un mecanismo para desviar la atención de la disque apoteótica pre candidatura de Peña Nieto. En ese caso, me asumo víctima de su provocación.
La segunda opción es que la amenaza sea genuina. Así que, si han de perseguir legalmente a quienes buscan ayuda internacional, que procedan contra todos los que criticamos su guerra. Si apelar a instancias internacionales es calumnia, impugnar en casa también lo es.
El problema no es confrontar al crimen organizado, sino la forma de proceder. Las fallas de la estrategia se han demostrado en infinidad de publicaciones. No todas son culpa del presidente pero su negación terminan por hacerlo cómplice. Parece que dominan su postura cuatro premisas:
Si la realidad no coincide con la teoría, es problema de la realidad. Presidencia tiene su versión de la historia. La sustentan en datos “confidenciales” mientras afuera, nuestra realidad es distinta. Ellos la descalifican sin siquiera demostrarlo. Describen instituciones ideales ajenas a las que nos atienden. Insisten en su respeto al estado de derecho, con una impunidad del 95%. Carecen hasta de la delicadeza de decir “lo vamos a revisar”.
A palabras necias oídos sordos: la debilidad institucional de los sistemas de seguridad y justicia, en los 3 órdenes de gobierno, es evidente pero el presidente no lo quería atender. Durante su estancia en México, Carlos Pascual insistió en soluciones locales, y priorizó la reconstrucción institucional. El ex embajador reorientó incluso recursos de la iniciativa Mérida para dicho fin. El presidente lo descalificó. Luchó hasta derrotarlo por disentir de su estrategia. Hoy Calderón reconoce que se equivocó, pero no asume el costo humanitario de su error.
Esto no es una dictadura: Calderón no es un dictador pero su discurso lo asemeja. Se refiere a los criminales como una plaga aunque se trate de mexicanos. Los combate con pocas pruebas y creciente sospecha de abuso. Criminales o no, en una democracia, el castigo es la cárcel no la muerte. Aquí no hay investigaciones, ni debido proceso.
Más vale burro negando…: este gobierno presume a sus fuerzas de seguridad como impolutos pero la realidad arroja historias distintas. Niegan las limitaciones del marco jurídico, la dificultad para modificarlo y la casi imposibilidad para instrumentarlo. Muchos delitos ni se contemplan en la ley, o se carece de elementos para probarlo. Calderón no quiere aceptar que México no puede solo. Estamos institucionalmente paralizados.
Dice que quejarse mancha el nombre de México, sin revisar su proceder. Ahí está el caso Cassez, sin respeto alguno al debido proceso, inculpan a una francesa de cómplice mientras el supuesto secuestrador, debidamente torturado, ni sentencia tiene. Como este caso hay miles.
“Pobre presidente” dicen algunos, pero el costo que pagará es del tamaño de su soberbia. En los diálogos con la sociedad, paulatinamente, se cerró. Ahora entró en confrontación abierta. Está en su derecho de defenderse. Seguramente, en unos años, reconocerá, una vez más, que por su cerrazón se equivocó. Mientras tanto, yo suscribo la demanda en la CPI. Que procedan legalmente contra mí también.
@cullenaa | Fb: La caja de espejos