Decir que se representa a una “nueva generación de políticos” y actuar con las más viejas y autoritarias prácticas del pasado, es incongruencia. Creer que los problemas de hoy se van a resolver con las soluciones de ayer y hacer caso de asesores que sueñan con un proyecto de restauración de un régimen agotado, son acciones hasta ahora mostradas por el precandidato presidencial Enrique Peña Nieto.
Porque sólo alguien que está a favor del continuismo y que no advierte la urgencia de cambios políticos, sociales y económicos en México puede creer y decir que lo aprobado recientemente en el Congreso es una reforma ¨positiva¨ cuando la propuesta original fue mutilada y se pospusieron temas de fondo que llevan décadas discutiéndose y debatiéndose en el país.
La idea de las reformas políticas que tiene Peña Nieto se expresan en su absurda propuesta para restablecer la llamada “claúsula de gobernabilidad” en la Cámara de Diputados: que el partido que más diputaciones gane, reciba como premio una sobrerrepresentación que le garantice una mayoría artificial, para evitar legislaturas y gobiernos divididos en el Poder Legislativo.
Lo que Peña propone -derivado de asesores “duros” como Emilio Chuayffet o Jesús Murillo- es resolver el problema de la formación de mayorías igual que en el pasado régimen, cuando los priistas, para no perder el control de San Lázaro, inventaron una cláusula y la volvieron ley constitucional dedicada a ellos, que por entonces ganaban siempre la mayoría, con lo que contuvieron y retrasaron la pluralidad en el Poder Legislativo.
Aplicar esa fórmula sería retroceder en el tiempo y apostarle a un modelo de restauración del viejo partido mayoritario y de Estado que tantos años de lucha –con todo y muertes y desapariciones— costó romper en México.
Cuando un político se dice demócrata, sus acciones deben respaldar sus palabras. Ordenar una reforma legal a beneficio propio y de su partido, fue lo que hizo Enrique Peña Nieto al promover en 2010, a través del PVEM y del PRI, una reforma electoral en el Estado de México que dificultó las coaliciones, cuando ya se veía en el horizonte la intención de formar una coalición opositora que le podía haber quitado el poder al PRI en los pasados comicios.
El espíritu de esa reforma es exactamente el mismo que movió en su época la vieja cláusula de gobernabilidad y el mismo que ahora mutiló la reforma política federal: hacer leyes a modo de los intereses de un grupo político al que, más que las demandas sociales y ciudadanas o las necesidades de cambio del país, lo mueve sólo su permanencia o su aspiración de poder.
NOTAS INDISCRETAS… Vaya espaldarazo recibió el fin de semana el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. En vísperas de que se discuta en la Suprema Corte la constitucionalidad de la reforma al Código Penal veracruzano que tipificó el delito de “perturbación del orden público”, impugnada por la CNDH, hasta Jalapa llegó el juez español Baltazar Garzón a dar su respaldo a la llamada “ley Duarte”. Garzón participó en un foro a invitación del gobierno estatal y ahí defendió la penalización “del uso irresponsable de los medios alternativos” que en España, dijo, está tipificada también como delito… Otro espaldarazo, pero político, fue el que le dio Enrique Peña Nieto el viernes pasado al alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigos, al asistir al acto que con motivo de su segundo informe de Gobierno organizó el edil morelense. Las aspiraciones de Martínez Garrigos a la gubernatura de Morelos son conocidas y ahora se sabe, apuntaladas por Peña, que de paso atestiguó como el alcalde llenó el parque Acapantzingo con cerca de 40 mil asistentes… Los dados arrancan semana con Escalera. Buen tiro.
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