Más allá de los consabidos balances sobre ganadores y perdedores, las elecciones locales del domingo arrojan una cruda y vergonzosa realidad: las estructuras electorales locales -institutos y tribunales estatales- parecen rebasados e inservibles ante el cúmulo de irregularidades, violaciones y faltas cometidas por partidos y candidatos sin consecuencias. Los 14 organismos involucrados en estos procesos, fueron convidados de piedra, simples burócratas organizadores de comicios, pero sin autoridad alguna para meter al orden a los violadores de la ley.
¿Cuánto costó a los bajacalifornianos, a poblanos, a tamaulipecos o a los veracruzanos pagar consejeros y funcionarios de estos onerosos organismos para que al final los comicios acaben manchados por denuncias, quejas, violaciones flagrantes y descaradas a la ley y hasta violencia física y verbal? Miles de millones de pesos gastados de manera ineficiente porque, por definición constitucional federal y local, un órgano electoral no es sólo un aparato operativo de elecciones, sino la autoridad obligada por ley a garantizar la transparencia, equidad y libertad en las elecciones.
La inoperancia y falta de autoridad de esas burocracias de élite en que convirtieron los institutos electorales, locales y federal, además de sus inocultables vínculos y compromisos con gobernadores en turno o fuerzas políticas, quedó evidenciada en estas elecciones y eso revive el debate sobre la necesidad de un IFE nacional que organice y vigile no sólo procesos federales, sino también los de los estados, al tiempo que reduzca los multimillonarios costos de las elecciones en la República.
El tema, ya planteado en borradores de la reforma política desde el Senado o la mesa del Pacto por México, cobra relevancia con lo ocurrido en estas campañas, donde no hubo autoridad alguna, ni electoral ni civil, ni judicial, que pudiera contener las ilegalidades y la violencia que caracterizaron estos procesos. Vaya, ni siquiera la autoridad del presidente (otrora omnipotente) pudo contener la impunidad y la ilegalidad con que actuaron gobernadores y actores políticos, de ahí la urgencia de replantear el modelo de autoridad electoral en todo el país.
Si ya ni el presidente tiene la autoridad para controlar a quienes violen las leyes en materia comicial, y sus tibios llamados a la legalidad y a la aceptación de resultados son claramente ignorados e insuficientes, algo entonces ya no funciona en el diseño y en la práctica de la estructuras electorales y urge arreglarlo. De lo contrario, la tentación de quienes pretenden restaurar viejas culturas de fraude e ilegalidad en las elecciones se cumplirá: que todos los mexicanos aceptemos que “así son las elecciones, así es la lucha por el poder y todos los partidos violan la ley”. Si aceptamos esa involución, como la vivida el domingo, como algo “normal” e “inevitable”, entonces las luchas, las vidas y los billones de pesos que nos costó a los mexicanos construir órganos electorales, presuntamente independientes habrán sido en vano; dinero público tirado a la basura.
NOTAS INDISCRETAS…En plena resaca postelectoral, Tomás Yarrington inició su defensa pública. Tras meses de ocultamiento, el ex gobernador de Tamaulipas inició una ofensiva contra la ex procuradora Marisela Morales, que lo investigó por presuntos vínculos con el narcotráfico. A través de correos a medios, el ex mandatario alega inocencia y se dice víctima de “usos perversos de instrumentos de procuración de justicia”. No hay duda, Yarrington tiene, como cualquier ciudadano, el derecho a defenderse, sólo que se le olvida algo: él no sólo fue investigado en México y está acusado en una Corte Federal de Texas por el mismo delito ¿Allá también son perversos?.. Un gobernador que festejó el fin de semana, y no por las elecciones, fue Graco Ramírez. El mandatario de Morelos recibió una “Nota Aclaratoria” firmada por Sergio Cícero Zapata, ex abogado de Bienes Raíces de Wal-Mart México, en la que el personaje niega cualquier acusación hecha al gobernador de Morelos a través de correos electrónicos que se le atribuyeron en enero de 2013, cuando el nombre de Graco apareció mencionado en tribunales de Estados Unidos. Así que Ramírez parece librar aquellas acusaciones de corrupción; le falta librar las acusaciones de ineficacia en seguridad de sus gobernados… Se detienen los dados. Escalera.