El Poder Judicial dio un nuevo revés a uno de los casos que el gobierno de Felipe Calderón presumió en el combate a la corrupción: el de la presunta filtración del Cártel de Sinaloa en la SEIDO. Gerardo Ortega Maya, uno los siete procesados, fue exonerado del cargo de delincuencia organizada.

 

Una juez federal ordenó la libertad del acusado, preso desde mayo del 2012, tras establecer que no existieron pruebas suficientes para procesarlo, pues la Procuraduría General de la República (PGR), que dirigía Marisela Morales, sustentó las acusaciones en dichos de testigos que no fueron verificados ni comprobados.

 

“En cumplimiento al fallo protector emitido en el juicio de amparo 1041/2013 (…) siendo las 13 horas del día a la fecha, se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de José Gerardo Ortega Maya por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada”, señala la sentencia dictada el pasado 7 de agosto.

 

Se trata del mismo argumento por el cual el año pasado también se ordenó la libertad de Manuel Arroyo Hernández, integrante del Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO, y que fue otro de los siete acusados.

 

Según las fuentes consultadas, las otras cinco personas detenidas por este mismo caso, entre los que se encuentra Juan Carlos de la Barrera Vite, quien se desempeñaba como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), también promovieron recursos legales para que en breve se ordene su libertad.

 

En el caso de Ortega, la actual administración de la PGR que encabeza Jesús Murillo Karam intentó en enero pasado frenar su liberación al interponer una apelación por el amparo que ya se le había otorgado, pero un tribunal federal terminó ratificando la determinación.

 

La acusación de Cuitláhuac

 

El 17 de octubre del 2012, mes y medio antes de que concluyera el sexenio, el entonces titular de la SEIDO, Cuitláhuac Salinas presentó en una conferencia de prensa los resultados de una investigación que según dijo llevó meses y que permitió desarticular una célula de funcionarios y ex funcionarios ligada al Cártel de Sinaloa.

 

“El pasado 21 de junio obtuvimos pruebas suficientes para proceder en contra de por lo menos siete diferentes servidores públicos involucrados en este tema (…) todos están acusados de delincuencia organizada”, indicó.

 

El caso estaba asentado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/031/2012. Como el mismo Salinas reconoció, fueron dos criminales que decidieron adherirse al programa de testigos protegidos, con los indicativos “Libre” y “X”, los que formularon el grueso de las acusaciones.

 

Básicamente la colaboración de los sospechosos consistía en filtrar información a la organización que dirigía Joaquín El Chapo Guzmán, sobre operativos y cateos a los delincuentes, a cambio de pagos que superaban los 30 mil dólares.

 

Chismes, no verdades

 

En enero de este año, el juzgado 14 de Distrito de Amparo dejó sin efecto el auto de formal prisión que se le dictó a Ortega por delincuencia organizada, tras considerar que los dichos de los testigos imposibles de comprobar, no acreditaban siquiera que se iniciara un juicio.

 

Por ejemplo, la PGR nunca mostró evidencia de los supuestos miles de dólares que recibió el acusado, ni como se supone que formaba parte de la red criminal.

 

“Tampoco existe dato alguno que demuestra la existencia de cateos y por ende tampoco se demuestra que José Gerardo Ortega Maya haya filtrado información alguna a esta organización criminal y mucho menos que haya cohechado (sobornado) a funcionarios de la SIEDO para obtener información alguna”, dice la sentencia de amparo 1041/2013.

 

Meses antes ya se había cuestionado públicamente la solidez del caso, luego de que se reveló que la testigo “Libre” mintió al proporcionar su identidad verdadera ante las autoridades. Murillo Karam reconoció esta situación, aunque sostuvo que había más pruebas en el expediente.

 

La PGR apeló el amparo concedido en enero pero el resultado se mantuvo. El 9 de Julio, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ratificó que el caso era insostenible.

 

El 7 de agosto la jueza Verónica Sánchez Valle, que originalmente ordenó la formal prisión, se desistió finalmente y concedió el auto de libertad por delincuencia organizada. Ortega sólo fue procesado por posesión de cartuchos, delito que alcanza fianza.

 

El acusado permanece aún en el penal federal de Matamoros, pues está pendiente por resolverse otra acusación por posesión de armas largas, las cuales según su defensa fueron sembradas.

 

PGR acusó a mi hermano por no declarar contra Dauahare

 

 

 

Karina Ortega, hermana de Gerardo Ortega Maya, acusó que el encarcelamiento de más de dos años en el que se encuentra su hermano, es una revancha de la PGR debido a que no quiso declarar contra del ex subsecretario de la Defensa Tomás Ángeles Dauahare, quien también fue detenido y luego liberado.

 

“Mi hermano fue utilizado por la PGR, lo maltrataron y torturaron para que acusara al general, y luego como no lo quiso hacer, le fabricaron un caso distinto, lo sacaron de su casa hombres armados, y lo han tenido preso más de dos años junto con delincuentes en Tamaulipas”, dijo en entrevista con 24 HORAS.

 

Karina Ortega señaló que ahora se siente agradecida con el gobierno y el Poder Judicial porque se pudo comprobar, “sin necesidad de hacer tratos ni arreglos” que su hermano no era culpable, pero dijo que no van a descansar ella y su familia hasta ver a su hermano e regreso en casa.

 

“Lo único que pido es que él pueda sobrevivir para ver su libertad porque en verdad está muy mal, ha perdido más de 50 kilos y es diabético, está muy débil”, sostuvo.

 

Grandes casos… de humo

 

 

En el último año y medio sentencias judiciales han regresado a la calle a personas que la PGR detuvo en el sexenio pasado, en el marco de casos que fueron presentados como grandes investigaciones contra la corrupción, pero que estaban sostenidos solo en dichos de testigos protegidos.

 

Por ejemplo, fueron liberados tras más de 4 años de estar en prisión los ex funcionarios de mayor jerarquía detenidos en la Operación Limpieza. Entre ellos figuran Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la SIEDO; Rodolfo de la Guardia García, ex director de Interpol México; Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal; y Víctor Garay Cadena, ex comisionado de la Policía Federal.

 

También recobraron su libertad generales acusados de supuesto vínculo con el crimen organizado como Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Rubén Pérez Ramírez y Ricardo Escorcia Vargas.