El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por unanimidad reformas a la Ley del Secreto Profesional para el Periodista en el Distrito Federal con el que se busca proteger el secreto de periodistas en la Ciudad de México.

 

Estas modificaciones también buscan garantizar el ejercicio de la libertad de expresión como un derecho humano que permita difundir y publicar ideas u opiniones de cualquier  tipo.

 

Según el dictamen se estipula que no se puede forzar al periodista a comparecer como testigo o a entregar sus notas, apuntes o su equipo de grabación, protegiéndole frente a terceros, que podrían ser personas privadas que pudieran iniciar un proceso en su contra para que revele sus fuentes.

 

También se busca completar la protección que el ejercicio periodístico requiere para realizarse de forma libre; se amplía el concepto de periodista y se subraya que la persona que se dedique a esta profesión, no es necesario que obtenga un título o un reconocimiento especial, ni tampoco registro gremial que acredite su ejercicio.

 

De igual forma, se establece que los periodistas no estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder.

 

También se señala que los periodistas no tendrán porqué entregar los nombres, grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos documentales o digitales que pudieran llevar a la identificación de alguna persona, así como tampoco tendrán que proporcionar algún tipo de información que se considere como reservada conforme a la ley.

 

Se advierte que el derecho de la libertad de expresión no podrá ser limitado, excepto por una decisión y orden judicial, la cual tendrá que ser excepcional, siempre y cuando su limitación se justifique de acuerdo con los acuerdos de derechos humanos internacionalmente reconocidos.

 

“La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual nos obliga a actuar como Estado, para garantizar plenamente el ejercicio de este Derecho, en beneficio de la sociedad mexicana”, indicó el proponente de la iniciativa,  el diputado Jorge Gaviño.

 

Al fundamentar el dictamen, el coordinador de la bancada del PRD en la ALDF, Manuel Granados indicó que con esta reforma se establecerá que todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias tendrán la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los representantes de los medios de comunicación.

 

Detalló que según el dictamen, se define a la libertad de opinión como “el derecho que todas las personas tienen a no recibir injerencias o presiones directas o indirectas sobre sus ideas y pensamientos, por lo que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”.

 

El perredista reiteró que el periodista  y el colaborador periodístico tienen el derecho de mantener el secreto de la identidad de las fuentes que le hayan facilitado información.

 

Resaltó que los periodistas y comunicadores están expuestos a riesgos por diversos problemas sociales tales como el crimen organizado y el narcotráfico, las críticas al gobierno a las esferas del poder o aquellos que trabajan en zonas de conflicto.

 

Granados Covarrubias mencionó que el asesinato, secuestro, intimidación, amenazas a los comunicadores sociales, violan los derechos fundamentales  de las personas y la libertad de expresión, por lo que es deber de los estados prevenir y castigar a los presuntos responsables.