Uno de los argumentos de mayor peso para cambiar la estrategia en la lucha contra el narcotráfico se debe a la ineficiencia en la asignación del gasto. El gobierno del  presidente Felipe Calderón no puede argumentar falta de recursos para combatir el crimen organizado, ya que bajo su mandato el Estado mexicano nunca había contado con un presupuesto de este tamaño.

 

En el último año de la administración del presidente Vicente Fox, el presupuesto en seguridad fue de 54 mil millones de pesos y en 2012 el Congreso de la Unión autorizó un gasto de 130 mil millones de pesos, un aumento de más del doble.

 

Sin embargo los resultados dejan mucho que desear. En estos seis años, México pasó a ser el abastecedor número uno de metanfetaminas a Estados Unidos; el poder y control territorial de las organizaciones criminales pasó de 24 a 200 municipios en el país; su influencia en el extranjero creció de 15 países a más de 44; la producción de heroína y mariguana aumentó; de 4 grupos criminales con alcance internacional en el mercado de narcóticos en 2006 hoy contamos con 7 cárteles de droga; así como los índices de consumo de droga en el país.

 

A pesar de haber incrementado el presupuesto y haber fijado la lucha contra el narcotráfico como uno de las banderas de esta administración, la planeación y capacidad de ejecución no dieron los resultados esperados.

 

Es importante cambiar el enfoque para no repetir los mismos errores y la asignación presupuestal es uno de los primeros pasos que debe analizar el presidente electo Enrique Peña, así como el Congreso recién instalado.

 

Aquí enumero algunos ejemplos que demuestran la gran desarticulación presupuestal e institucional que existe en las áreas de seguridad.

 

La Marina-Armada de México es la dependencia que más éxito tuvo tanto en intercepción, cumplimiento de órdenes de aprehensión y reconocimiento y colaboración con autoridades de diferentes países; sin embargo, es la que recibe el menor presupuesto.

 

Si bien las investigaciones de lavado de dinero son difíciles y muestran un gran reto jurídico, la desarticulación del Estado mexicano es enorme.

 

Se cuenta con 3 unidades que investigan el delito de lavado de dinero: SHCP, SSP y PGR. A su vez, la CNBV cuenta con una vicepresidencia dedicada a estos temas con tal de verificar que las entidades financieras no sean penetradas por el crimen organizado.

 

Sin embargo, la descoordinación y la falta de atención en el tema no han impedido que el crimen organizado siga utilizando el sistema financiero Mexicano. Un ejemplo es cuando un banco BANSEFI, propiedad del Estado Mexicano, tuvo que cerrar sus sucursales en Michoacán porque los miembros del crimen organizado cambiaban dólares en exceso, hacían depósitos y retiros masivos en efectivo e inclusive amenazaban a los gerentes de las sucursales. La decisión fue cerrar las sucursales, más no denunciar el delito ante la PGR.

 

México carece de una política de prevención del delito y de una comunicación social dedicada a disuadir las conductas ilegales, como el consumo de droga, piratería y prostitución. La comunicación social del gobierno federal se centró en contar las historias de los criminales abatidos para contrarrestar el ejecutómetro que inició el periódico Milenio.

 

La Subsecretaría de Prevención del Delito no tiene elementos de la policía que hagan labor social. A su vez, el gobierno cuenta con más de 120 programas para prevenir el delito los cuales están desarticulados.

 

Si contamos con un Estado desorganizado, que no asigna bien el presupuesto y no cambia la manera de ejecutar la política pública para eliminar la violencia, nunca vamos a poder hacer frente al crimen organizado.