Al ordenar que se investigue la corrupción que permitió construir fraccionamientos en zonas de alto riesgo en Acapulco y otras partes del país, el presidente Enrique Peña Nieto abrió la caja de Pandora de una escandalosa red de sobornos, tráfico de influencias y violaciones a la ley que permitieron urbanizar zonas que hoy se encuentran inundadas.

 

En los últimos 12 años, durante cuatro administraciones municipales y dos federales, se permitieron en la ciudad de Acapulco desarrollos habitacionales masivos que no sólo contaron con la aprobación de uso de suelo de los cabildos, sino también con permisos de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente federal, con el visto bueno de instituciones como la Comisión Nacional del Agua, el Infonavit y el Fovissste y hasta con el aval de aseguradoras privadas que ocultaron los riesgos latentes para la población.

 

Todo un entramado de corrupción que involucra lo mismo a síndicos del ayuntamiento acapulqueño que a alcaldes, a funcionarios federales y a los desarrolladores de vivienda que, con sus millonarios proyectos, sobornaron y convencieron a cuanta institución pública necesitaron para construir de manera ilegal.

 

Las investigaciones que ya se iniciaron en los archivos municipales de Acapulco, para detectar en total 97 permisos de construcción otorgados a esos desarrollos, involucran las administraciones de cuatro ex alcaldes: Zeferino Torreblanca, Alberto López Rosas, Félix Salgado Macedonio y Manuel Añorve Jiménez. Junto con los ex alcaldes se investiga también a los integrantes de los cabildos de esos ayuntamientos que fueron los encargados de autorizar el cambio de uso de suelo.

 

Con Zeferino Torreblanca comenzó el cambio del uso del suelo en las zonas de humedales y manglares. Con la idea de despresurizar el crecimiento demográfico de la bahía, después del paso del huracán Paulina. Zeferino aprovechó el desarrollo turístico de Punta Diamante para orientar el crecimiento de la ciudad hacia esa zona de planicies que en realidad eran manglares y humedales cercanos al mar.

 

Pero el “boom” de la construcción ocurrió en la administración de López Rosas, donde se autorizaron los desarrollos y se comenzaron a fraccionar las zonas bajas de un alto riesgo. Surgieron así enormes urbanizaciones como la colonia Luis Donaldo Colosio, Llano Largo, La Marquesa, Las Garzas y El Coloso, entre otros. Con Félix Salgado siguieron fraccionando, aunque fue en la administración de Manuel Añorve cuando volvieron a otorgarse una gran cantidad de permisos. De hecho, se calcula que 60% de todos esos permisos que hoy están bajo sospecha de corrupción, los dieron dos alcaldes: López Rosas y Añorve, con sus respectivos cabildos.

 

Entre las desarrolladoras beneficiadas aparecen Homex, Ara y Casas Geo. El modus operandi de los vivienderos para obtener el uso de suelo era de sobra conocido en Acapulco: casas, autos de lujo y hasta sobornos en efectivo a los síndicos y autoridades responsables. Hay en el Puerto historias conocidas de miembros de cabildos que se paseaban en camionetas de lujo y ostentaban una riqueza visible durante el auge de los fraccionamientos.

 

Ya en agosto del 2007, cuando el huracán Henriette apenas tocó de paso Acapulco, los mismos desarrollos que hoy están bajo el agua, se habían inundado por el desborde del Río Sabana, mientras en la Zona Diamante hoteles de cinco estrellas se vieron afectados por el crecimiento de la Laguna de Tres Palos.

 

En la prensa local se consigna que ya entonces habitantes de Colosio y Llano Grande reportaron inundaciones de un metro en sus viviendas y exigían a Casas Ara y a Homex devolverles su dinero. En aquellas fechas Manual Añorve, aspirante a la alcaldía, declaró que todos esos desarrollos se autorizaron ilegalmente en cauces de ríos y lagunas y denunciaba actos de corrupción de Salgado Macedonio. Paradójicamente, cuando el priista llegó a la alcaldía, tres años después, esos desarrollos siguieron construyéndose.

 

Toda esa corrupción puede ser documentada en los permisos municipales que se otorgaron en los últimos 12 años y ya se están rastreando en los archivos del ayuntamiento; pero también falta ver la otra parte de la red de sobornos que incluía los permisos de la Semarnat federal para construir en zonas protegidas y dictámenes de Comisión Nacional del Agua que autorizaron utilizar cauces federales de ríos y lagos para proyectos de vivienda. Peña abrió la caja de Pandora en Acapulco ¿hasta dónde llegará?