Tres magistrados electorales de Quintana Roo recibieron del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un “manto de impunidad”, que resolvió que el Congreso de Quintana Roo no es competente para iniciar un procedimiento de juicio político en contra de los servidores públicos electorales.

 

Así lo consideró en un comunicado la XV Legislatura, que hace unas semanas había iniciado el análisis del juicio político que un consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo interpuso contra Víctor Vivas Vivas, Vicente Aguilar Rojas y Nora Cerón González, magistrados que ya habían sido señalados por la Sala Regional de Xalapa de extralimitarse en sus funciones en detrimento de las instituciones democráticas locales.

 

El Congreso del Estado lamentó profundamente que “con esta resolución se esté sentando un precedente legal que impide fincar responsabilidades a los servidores públicos, en este caso Magistrados Electorales del Tribunal Local”.

 

Según el propio Congreso local, dicha resolución prácticamente imposibilita a los órganos locales encargados de la fiscalización y revisión de las conductas de los servidores públicos de Quintana Roo, que puedan conocer y sancionar a dichos magistrados electorales, generándoles un “manto de impunidad”.

 

El Congreso del Estado de Quintana Roo, informó que esperará la notificación oficial que haga el TEPJF de la sentencia referida, a fin de conocer a detalle su contenido y a partir de ello, determinar las acciones legales a emprender.

 

Sin embargo, dijo no aceptar los señalamientos presentados en la exposición del caso en el TEPJF en donde se acusa que el dictamen de la Comisión de Justicia y su aprobación por parte del Pleno del Congreso de Quintana Roo, son violatorios del principio de legalidad al ser considerados “actos de molestia emitidos por autoridad incompetente”.

 

“Cada uno de los pasos y determinaciones tomados a la fecha, fueron apegados a nuestro marco jurídico, tanto federal como estatal y también, derivado de una declaratoria de incompetencia que el propio Senado de la República hizo, en la que señala que es tema de competencia del Congreso de Quintana Roo para conocer el asunto”, señalan.

 

La legislatura local reiteró su compromiso de seguir actuando de acuerdo al marco jurídico, tanto federal como estatal, respetando las decisiones de las instituciones de los tres órdenes de gobierno y combatiendo la impunidad, aunque, “como en esta ocasión, se encuentren obstáculos en organismos que deberían de fortalecer el Estado de Derecho, la rendición de cuentas y el combate a la impunidad”, concluye el comunicado.

 

jram