La “guerra justa” emprendida por ciudadanos en contra del crimen está aceptada dentro de la doctrina católica porque surge una vez que se agotaron los medios pacíficos y de negociación ante un mal que aqueja a la sociedad, aseguró Gonzalo Balderas, académico del departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana.

 

El concepto, desarrollado por teólogos y juristas católicos, define la defensa contra una agresión moralmente inadmisible para los valores y principios cristianos. Aunque la doctrina católica rechaza toda forma de guerra, la justifica cuando se agotan otros medios, agregó.

 

La postura de la diócesis de Apatzingán, en Michoacán, de abogar por las guardias comunitarias obedece a la ineficacia del gobierno para garantizar la seguridad a los habitantes del estado, por lo que la acción de la ciudadanía armada puede catalogarse como una “guerra justa”, dijo.

 

Ante la violencia que recrudeció en la zona michoacana de Tierra Caliente en las últimas semanas, el obispo de Apatzingán, Miguel Patiño, y miembros de la Diócesis de dicho municipio han criticado el actuar de los gobiernos estatal y federal para la detención de miembros del crimen organizado, además de justificar las acciones de los grupos de autodefensa.

 

“Llama la atención que el obispo Patiño, que conoce la realidad de la región, esté diciendo lo que nadie más se atreve a expresar, y aunque hay quienes pueden escandalizarse de que apoye lo que parece incorrecto (las guardias comunitarias), me parece que no se puede condenar a un pueblo por defenderse”, dijo el especialista.

 

Balderas expuso que el gobierno no ha podido brindar la seguridad al pueblo, lo que avala la presencia de guardias comunitarias que buscan su legítima seguridad. Por ello las declaraciones del obispo de Apatzingán son válidas.

 

Para el académico de la Ibero, el prelado michoacano conoce muy bien lo que ocurre en esa zona, en tanto que se trata de la autoridad moral, y sus palabras son de denuncia ante hechos que afectan de manera muy grave a la población, por lo que consideró que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) debe apoyarlo en tanto los riesgos a los que se expone.

 

Para el periodista religioso Roberto O’Farril, los sacerdotes michoacanos “están actuando en consecuencia”, en tanto que “el papel fundamental de la Iglesia es denunciar lo que está mal”.

 

Comentó que “un obispo ve el bien común como una necesidad mayor que su propia vida”, por lo que los clérigos no deben temer a las amenazas de muerte, incluso si sucediera una tragedia, ésta se consideraría como un martirio.

 

En su columna Hoja Volante, Joel Hernández Santiago advirtió en diciembre pasado que el Vaticano y, en particular, el papa Francisco, ha sido informado de lo que ocurre en México y de agresiones a sacerdotes católicos, por lo que el sumo pontífice “ya prepara un extrañamiento público, de Estado a Estado, para exigir cuentas al gobierno mexicano por hechos que, dicen, ya rebasan los niveles de la ‘templanza’”.

 

Desde el 18 de mayo pasado, subrayó, nueve obispos de Michoacán advirtieron a quien fungía como gobernador interino, Jesús Reyna García, lo que consideraban un grave recrudecimiento de la violencia en la entidad.