La propuesta de Reforma Fiscal presentada por el Ejecutivo se enfoca en captar pesos y, pareciera, que desdeña el objetivo de atraer dólares.
Esta iniciativa, una vez más, busca exprimir a los contribuyentes cautivos y se olvida de fomentar el espíritu emprendedor y de atraer inversionistas extranjeros. Ahora queda en el Congreso la oportunidad histórica de hacer una verdadera modernización hacendaria.
Pareciera una utopía pensar que los congresistas harán gala de sensibilidad para pasar a la historia confeccionando una reforma que eleve la competitividad fiscal del país, que fomente el espíritu emprendedor, atraiga talento innovador global y que motive a la iniciativa privada a generar más empleo.
Pero de concretarse, esa utopía sería una histórica bofetada con guante blanco del Poder Legislativo al Ejecutivo. Un aleccionador golpe que, sin duda, le daría muchísimos adeptos a las fuerzas políticas que se atrevan a rediseñar el planteamiento original de reforma fiscal con una orientación de mayor trascendencia para el país.
El mundo está gravando el consumo, no está castigando la producción ni la utilidad empresarial. La tendencia es que pague el que más gasta. No gravar la producción, la utilidad empresarial, la educación privada y el patrimonio.
La educación pública en México es pésima si se compara con los países del G-20. Mucha gente lucha y hace sacrificios para estar en condiciones de pagar una colegiatura en una escuela privada.
En esa circunstancia resulta inverosímil que el Ejecutivo pretenda gravar con ISR a los colegios privados –las cuales están exentos de ese gravamen-. De aceptarse esta iniciativa se traduciría en un incremento de colegiaturas proporcional al 32%.
Asimismo, resulta ofensivo atestiguar que el Gobierno busca de facto aplicarle un impuesto al patrimonio familiar. Por ejemplo, la venta de una casa causará IVA pero los compradores interesados no necesariamente van a aceptar pagar un 16% adicional al precio de mercado.
En ese contexto la parte vendedora tendría que cerrar la operación de compra-venta a precio de mercado y, de todos modos, pagar a Hacienda el 16% de IVA. Es decir, el fisco estaría depreciando esa propiedad un 16 por ciento.
Pero más allá de estos factores llama la atención que un Gobierno que se ha dicho promotor del emprendedurismo, de la educación, de la innovación, de la atracción de inversión extranjera directa, haya dejado pasar la oportunidad de modernizar el marco legal fiscal de México.
Pues sí, justo cuando los ingresos petroleros del país disminuyen debido a la menor producción de crudo mexicano, el Gobierno se da el lujo de proponer ‘sacarle pesos’ a la iniciativa privada descuidando la oportunidad de captar dólares a partir de incrementar la competitividad fiscal del país.
El pago de impuestos es una obligación. Pero también lo es el correcto ejercicio de los recursos públicos por parte del Gobierno. México no tiene infraestructura de calidad, ni carreteras, ni puertos, ni sistema de agua potable, ni sistema de drenaje, ni alumbrado, ni seguridad pública… nada.
Por el contrario, cuando se trata de ver a dónde se ha ido el erario nos enteramos de funcionarios envueltos en escándalos de desvío de recursos o, de plano, de enriquecimiento ilícito… En suma los contribuyentes no vemos un correcto retorno de nuestros impuestos en servicios de calidad.
Un país que depende de remesas, donde el 59% de la economía nacional no paga impuestos y que ‘el diablito’ sigue siendo el método de alumbrar casas y comercios irregulares, es en esencia un país informal.
Y si esa misma nación deja pasar la oportunidad de modernizar su política fiscal para darle mayor competitividad estamos hablando de un país irresponsable.
Yo me niego a que México sea eso. Siga siendo eso. Por ello hago votos por que la utopía de ver un Congreso sensible, a la altura de la exigencia histórica, sea una realidad hoy. Que así sea.
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