Seis años después del conflictivo 2006 seguimos atascados en el mismo problema: el dinero, que sigue definiendo las elecciones en México; quien más tiene, más gasta y más gana, sin importar de dónde vienen los recursos ni mucho menos que se rebasen los ingenuos e inútiles topes de campaña.

 

La diferencia es que hace seis años el dinero sirvió para comprar tiempos en radio y televisión para catapultar al candidato ganador -“haiga sido como haiga sido”- y hacer propaganda negra a su principal adversario; ahora, en este 2012, el dinero sirvió para comprar votos y conciencias.

 

Es decir que aquella reforma que tanto defendieron y cacarearon los partidos, y con la que dijeron habría equidad en la contienda, fracasó. Porque tal vez  les igualó a todos los tiempos oficiales del IFE en horarios estelares del radio y la televisión (para berrinche de los empresarios de  medios electrónicos) pero lo que no pudo evitar esa reforma fue que el dinero, por debajo de la mesa en muchos casos, siguiera entrando a radio y televisión, y que esos mismos recursos, en cantidades industriales, sirvieran también para la “operación” de partidos y candidatos, léase la compra y coacción del voto.

 

Hoy la discusión postelectoral y las principales impugnaciones a la elección presidencial tienen que ver con el dinero. Andrés Manuel López Obrador y sus denuncias de “lavado de dinero” en la campaña del PRI a través de una presunta triangulación de recursos que habría rebasado topes de campaña y afectado la libertad de los votantes. Y por otro lado el PRI que acusa ahora el manejo de mil 200 millones de pesos en la campaña de López Obrador, dinero que, sugiere, tiene un origen ilegal en aportaciones del erario de algunos estados y donativos de empresarios por encima de lo que marca la ley.

 

Curiosamente el PAN es el único que se escapa de una acusación de un uso excesivo de dinero en su campaña, aunque hay gobernadores que se quejan de que sí hubo una operación electorera de los programas federales en estos comicios.

 

En todo caso, queda más que claro que el dinero como factor de inequidad y como poder corruptor sigue dominando las elecciones y determinando el acceso al poder en México. ¿Hará falta una nueva reforma electoral que endurezca la fiscalización y acabe con la simulación contable, que limite los recursos a los partidos y castigue ejemplarmente la compra de votos?

 

 

NOTAS INDISCRETAS… Dos gobernadores se comunicaron ayer a esta columna. Javier Duarte, de Veracruz, para precisar que el PRI no perdió en su estado la elección presidencial, sino que empataron en votos Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, ambos con un millón 250 mil sufragios. La diferencia entre los dos fue de 0.01%, una centésima de punto, mientras que AMLO obtuvo un millón 40 mil votos, 160 mil menos que Peña. El dato que aquí manejamos daba a Peña 950 mil votos y son los que el PRI obtuvo por sí solo en la presidencial, aunque en la cifra final le suman los votos del PVEM y de la alianza de ambos.

 

Duarte sostiene que el PRI ganó el Senado y 15 de 21 diputaciones federales en su estado. “Veracruz no fue un lastre para Peña y por el contrario fuimos el tercer estado que más votos le dio y aquí le ganó a AMLO”, agrega el gobernador que explica lo cerrado de la presidencial porque su estado, dice, es tripartidista y el PAN tiene un voto duro fuerte, que se refleja en elecciones cerradas en los útimos años. “Ese es el grado de politización y democratización de la sociedad veracruzana”, sostiene Duarte…

 

El otro mandatario que se comunicó fue Egidio Torre Cantú de Tamaulipas. A través de sus voceros negó que en algún momento haya temido por su vida y que se lo haya expresado así al candidato de su partido. Aunque no desmiente una operación de grupos criminales en los comicios, asegura que su gobierno no se arredra ante las amenazas de los criminales y que seguirá tratando de “poner en orden” en el estado, aun con los costos que eso tenga… Se baten los dados. Otra Serpiente.

 

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