Pese a que las autoridades del Distrito Federal han detectado la presencia de células radicales en las manifestaciones, como la Cruz Negra y Frente Oriente, aún no han podido vincularlas con las personas detenidas, ni siquiera con aquellas que han sido reincidentes.

 

Por esa razón no les ha podido fincar cargos como delincuencia organizada, terrorismo o ataques a la paz pública de forma reiterada.

 

Las pruebas que han recabado las autoridades capitalinas, mediante labores de inteligencia e intercambio de información entre instancias desde las marchas del 1 de diciembre, no han sido suficientes para saber quiénes integran estas agrupaciones denominadas como anarquistas.

 

En el cruce de datos coordinado por la Secretaría de Gobierno del DF, con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la Secretaría de Seguridad Pública local, apunta a la participación de las dos organizaciones anarquistas mencionadas, basadas en evidencias de fotos y videos.

 

Cruz Negra y Frente Oriente, integradas por lo que se denomina como “bloques negros”, son de las células más activas en redes sociales donde exhiben fotos y videos de las protestas, mostrando a policías que participan en los operativos y  compartiendo información sobre detenidos.

 

Inclusive –señalaron autoridades consultadas– distribuyeron en redes un manual de actuación para la marcha del 2 de octubre, con el cual se capacitaba a los interesados en la fabricación de bombas molotov, el tipo de objetos que podían utilizar para agredir a las fuerzas policíacas, los puntos débiles en la protección de granaderos, entre otros.

 

A través el análisis y comparación de imágenes captadas por las cámaras de  establecimientos mercantiles, sistema C4, y archivos fotográficos, se indicó  que algunos de los detenidos han participado en otras marchas, donde hubo enfrentamientos con granaderos.

 

La  mayoría de las personas aseguradas durante los enfrentamientos son  estudiantes de escuelas de la UNAM, algunos conocidos como “fósiles” (llevan varios años sin acabar el nivel o carrera) y  que presuntamente se dedican encabezar grupos de porriles.

 

Basados en dicha lista, se estableció que los detenidos, incluyendo no sólo los presentados ante el Ministerio Público sino a los más de 70 que fueron llevado ante jueces cívicos, pertenecen  a instituciones educativas como la Escuela Nacional Preparatoria 5 y 3 ; La Salle, Escuela Carlos Septién García; FES-Acatlán, FES Iztacala, Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Colegio de Bachilleres, Instituto de Educación Media Superior, Colegios de Ciencias y Humanidades entre otros.

 

Sin pruebas

 

Autoridades de la PGJDF  confirmaron que las detenciones obedecieron a su participación en ilícitos cometidos de forma flagrante, pero no se ha avanzado en la investigación respecto a sus nexos individuales con grupos subversivos y las motivaciones detrás de estas agresiones.

 

“No se descarta que existan simpatías de algunos de los detenidos con estas expresiones anarquistas o de los denominados bloques negros, pero no hay pruebas y las consignaciones no se hicieron por sus nexos ideológicos o políticos, sino por las violaciones a la ley cometidas en el lugar y momento de los hechos”, indicó un alto funcionario de la Procuraduría.

 

Los delitos de ataques a la paz pública simple o en pandilla, ultrajes a la autoridad, y robo que se imputaron a las 19 personas enviadas a distintos reclusorios, son todos hechos cometidos el 2 de octubre. El Ministerio Público no actuó en contra de alguno por antecedentes previos, porque no pudo recabar en el plazo legal las pruebas suficientes ni tiene las denuncias.

 

Incluso, aquellos que según videos han participado en otras marchas o incidentes como la toma de instalaciones de rectoría, como los ex estudiantes del CCH,  ya salieron en libertad tras pagar una fianza.

 

Las investigaciones, añadieron en la procuraduría local, siguen abiertas después de las consignaciones.

 

El objetivo de las autoridades capitalinas es confirmar con evidencias que en su momento puedan ser utilizadas en un proceso penal la participación de las células anarquistas señaladas, así como la identidad de las personas que los conforman y están generando los actos de violencia.

 

Detenidos inician huelga de hambre

 

Ocho personas detenidas el 2 de octubre y presas en el Reclusorio Norte, iniciaron la noche del miércoles pasado una “huelga de hambre”, para manifestar su inconformidad con las irregularidades que según ellos se cometieron en su proceso.

 

Un juez penal definirá hoy su la situación jurídica. Ninguno de ellos alcanza la libertad bajo fianza, debido a que el ministerio Público de la delegación Gustavo A. Madero los acusó con la agravante de haber actuado “en pandilla”, situación que los involucrados consideran ilegal.

 

“Iniciamos esta huelga de hambre a causa de las irregularidades durante nuestra detención, acompañada de falsas pruebas y falsos testimonios por parte del Ministerio Público y los cuerpos policiales. Exigimos justicia y el cumplimiento de nuestras garantías individuales y rechazamos la criminalización de la protesta”, dijeron los detenidos en un comunicado difundido por sus conocidos.

 

Se dice defensor de los pueblos

Defensor de los pueblos, representante de movimientos rurales, promotor cultural, activista, foto-reportero independiente, investigador, psicólogo, artista.

 

Así es como reconocen sus cercanos a José Alejandro Bautista Peña, de 40 años, uno de los detenidos del pasado 2 de octubre, quien es originario de San Andrés Totoltepec en Tlalpan.

 

“He participado en eventos culturas en los pueblos de Tlalpan, apoyo y colaboro en muchos movimientos rurales; he participado en eventos culturales en la UNAM y el Cervantino, y en festivales en el interior del país y en Estados Unidos y Cuba”, dijo en una carta leída por sus familiares, tras quedar preso en el Reclusorio Norte.

 

En el 2012, Bautista apareció en un conocido programa de televisión denunciando supuestas irregularidades en el nombramiento de Toribio Guzmán Aguirre como enlace del pueblo, mediante la vía de usos y costumbres, ante la delegación Tlalpan. Lo acusó de  tener antecedentes por despojo de tierras.

 

En esa disputa, Bautista Peña fue acusado dentro de la averiguación previa FTL/TLP-2/T1/00461/12-03 de haber robado la sentencia que incriminaba a Guzmán.

 

La zona de San Andrés Totoltepec y otras aledañas,  es escenario constante de disputas de tipo agrario y también de asentamientos irregulares.

 

Según la versión de Bautista, el pasado 2 de octubre fue detenido sólo porque filmaba y tomaba fotos de los enfrentamientos. Acusó que le quitaron su cámara y lo culparon con falsas pruebas de golpear a un policía.

 

Lo que es un hecho es que el activista es, hasta ahora, el único de los detenidos  el 2 de octubre sin derecho a fianza, que ya fue declarado formalmente preso acusado de haber atacado la paz pública en pandilla.