La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se declaró lista para comenzar los estudios técnicos en la zona limítrofe de la frontera entre México y Estados Unidos relacionados con el agua, medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas que pudieran arrojar elementos jurídicos para actuar en contra de la construcción del muro anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

 
Al comparecer ante el Senado de la República, el canciller Luis Videgaray explicó que están en busca de elementos que, conforme al derecho internacional, otorguen capacidad jurídica al Gobierno para actuar en contra del muro que, dijo, es una “decisión unilateral del Gobierno de los Estados Unidos”.

 

 

 

El encargado de la política exterior de nuestro país respondió a las críticas de los senadores de oposición respecto a la falta de una estrategia y una postura más enérgica del Presidente Enrique Peña Nieto sobre los dichos y hechos de Trump. A decir de Videgaray, la postura del primer mandatario ha sido firme, clara, inteligente y oportuna.

 

 

“Que se no se confundan las buenas formas de la democracia y de la diplomacia con la falta de firmeza, que no se confunda la prudencia con falta de claridad, que no se confunda la falta de estridencia con la falta de estrategia”, enfatizó el canciller.

 

 

En torno a la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dijo que ésta no debe ser un acto de fe, por lo que cualquier modificación que implique un daño a los mexicanos no se aceptará.

 

 

Detalló que ante los tiempos previstos y con el fin de hacer una revisión profunda y sin prisas, será después de junio próximo cuando pudiera iniciar una revisión formal del mismo; no obstante anticipó que para 2017 se puede avanzar en el marco fundamental de la negociación inicial.

 

 

A decir de Videgaray, la negociación del TLC después de 20 años de su entrada en vigor es necesaria, por lo que, se busca incluir temas de nuevos sectores, entre ellos el comercio electrónico, telecomunicaciones y energético.

 

 

Admitió que la Iniciativa Mérida ya se encuentra en su última etapa, por lo que no será una ficha de cambio en la negociación comercial con Estados Unidos.

 

 

Reiteró que en caso de que la Unión Americana no respete los derechos humanos de nuestros connacionales, México no habrá de titubear en acudir a la justicia, incluida la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas con quien incluso ya han sostenido reuniones al respecto.

 

 

Asimismo, manifestó que insistirán con el Gobierno estadounidense en firmar el Acuerdo de totalización, detenido desde 2004, por medio del cual se permite que los trabajadores mexicanos que sean repatriados por voluntad propia o deportación, puedan acceder a sus ahorros de seguridad social en aquél país.

 

 

El dato
Cuatro son los programas a los que la Cancillería destinó  mil millones de pesos, provenientes de un recorte en el INE, para la atención de migrantes en EU, entre ellos el Programa de Asistencia Legal en el Extranjero.