Por violaciones a los derechos humanos de 536 personas en la casa hogar La Gran Familia, en Michoacán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por acciones y omisiones atribuibles a servidores públicos de los tres niveles de gobierno.
En 2014, la casa hogar La Gran Familia, manejada por Rosa del Carmen Verduzco, Mamá Rosa, fue intervenida y sus ocupantes rescatados, al descubrirse que vivían en hacinamiento, entre la basura, malnutrición y eran explotados, adultos y menores, laboralmente, entre otros.
El agravio que detectó el organismo se cometió en su mayoría contra niñas, niños y adolescentes, derivado del manejo y cuidados de los internos de la casa hogar en Zamora, Michoacán, en condiciones precarias de higiene y de salud, por lo que se determinó abrir queja de oficio.
La recomendación 14VG/2018, precisó, está dirigida a diversas instituciones y dependencias, así como a gobiernos de 15 estados: Michoacán, Baja California, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
En su investigación, la CNDH confirmó que los niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de agresiones físicas y psicológicas, encierro en condiciones carcelarias y diversas vejaciones más.
Precisó que se vulneraron los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad, al trato digno e interés superior de la niñez y adolescencia, así como aspectos inherentes a la dignidad humana en su relación con los principios mínimos de atención a las víctimas del delito.
También se violaron sus derechos a la protección de la salud; a la educación; a la integridad personal; a la identidad; a la seguridad jurídica; a la procuración de justicia, y a no ser sometido a trata de personas.
La CNDH pidió revisar los lineamientos relativos a la entrega de recursos en los programas de Coinversión Social en Michoacán, para proponer las modificaciones que procedan y evitar casos como el descrito.
Asimismo, establecer los procesos de verificación para el cumplimiento de los objetivos de cada proyecto y las sanciones a que se hagan acreedoras las instituciones que falsifiquen u oculten información sobre la utilización de los recursos públicos.
Al gobierno de Michoacán, se le exhortó a conformar un grupo multidisciplinario e interinstitucional que localice a todas las víctimas, para restituirles en los derechos humanos que les fueron vulnerados.
También deberá elaborar un diagnóstico sobre la situación específica de los albergues y casas hogar de esa entidad; implementar programas de prevención de trata de personas e impartir cursos de capacitación y formación en materia de derechos humanos.
LEG