Foto: 24 horas Puebla 20 policías falsos y 113 elementos que aparecían en el listado de la corporación, pero no se presentaron, fue el saldo del operativo en Tehuacán  

Atención discrecional de las llamadas de emergencia, 20 policías falsos y 113 elementos que aparecían en el listado de la corporación, pero no se presentaron, fue el saldo del operativo en Tehuacán, cuyo control del área de seguridad fue tomado por el gobierno del estado.

 

La mañana de este jueves, elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) arribaron a dicha demarcación tras un decreto constitucional emitido por el gobernador José Antonio Gali Fayad, después del incremento de delitos en la zona.

 

Para deslindar responsabilidades, 205 policías fueron trasladados a la capital poblana, donde les aplicarían pruebas de control de confianza, así como comprobar que contaran con la documentación necesaria para fungir como elementos de seguridad.

 

En la tarde, el gabinete de seguridad de la administración estatal —conformado por la SSP, SGG y FGE— informó que en total el municipio contaba con un registro de 368 elementos, de los cuales en un inicio sólo encontraron a 205 y después se presentaron otros 50.

 

Sin embargo, 113 policías municipales adscritos en los registros de la corporación municipal no habían sido ubicados, incluidos dos mandos que no se presentaron durante el operativo: el director de Seguridad Pública y el de Tránsito, por lo que emitirán un requerimiento para que hagan acto de presencia.

 

Entre las anomalías halladas, se encontró que el Centro de Respuesta Inmediata de Tehuacán (Cerit) —donde se recibían las llamadas de emergencia— no estaba conectado al C5, ni tampoco a las oficinas municipales, por lo cual era la policía local la encargada de decidir atenderlas, es decir, “servicios a modo, discrecionales”, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Jesús Morales.

 

También en el Juzgado Calificador se encontraron irregularidades, puesto que el juez era quien determinaba si un detenido era presentado al Ministerio Público o lo liberaban, cuando —dijo— lo legal era presentarlos directamente ante los MP, sin ningún filtro.

 

Hasta el momento, sólo las 20 personas que no contaban con sus documentos en regla serán puestas a disposición, ya que carecían de un registro en la plataforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se ostentaban como policías sin haber presentado las pruebas de confianza.

 

A unas horas de la intervención de la Policía Estatal, tras un recorrido aseguraron a 13 personas y recuperaron cinco vehículos con reporte de robo, por lo que confiaron que con esta acción contendrán la violencia registrada en la demarcación.

 

Alcaldesa podría ser investigada 

El secretario General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, aseguró que ningún funcionario del municipio está exento de ser investigado, incluida la alcaldesa Ernestina Fernández Méndez.

 

“Nadie está exento, una vez que se tengan los informes, las declaraciones, los resultados de los controles de confianza, de los detenidos en los operativos, por supuesto que las líneas de investigación están abiertas. Quien resulte involucrado en cualquiera de los delitos, por supuesto que va a ser investigado”, aseveró.

 

Intervención, legal 

Ante las quejas del síndico municipal, Miguel Ángel Romero Calderón, de que el despliegue policial podría ocasionar más problemas de inseguridad, así como de amagar con interponer un recurso de inconstitucionalidad, Carrasco Altamirano defendió el operativo al señalar que el mandatario tomó la decisión después de detectar un alza significativa en los delitos.

 

El funcionario estatal recalcó que la mayoría de los delitos de alto impacto superaba la media estatal, tal es el caso del incremento de un año a otro del robo de autopartes en 300%, robo a transeúntes 131%, robo a transporte 127%, lesiones dolosas 54%, robo a negocios 38%, robo a transportistas en 31% y seis secuestros registrados en lo que va del año.

 

“Estamos viviendo el escenario que indica la Constitución para hacer uso de la facultad del ejecutivo e intervenir en la seguridad pública en el municipio, entre otras cosas, uno de los temas que nos preocupa son las relaciones de omisión y contubernio que puede haber en la policía y los mandos”, apuntó.

 

La SSP mantendrá bajo su mando —en lo que resta de la administración de Gali Fayad— el Cereso de Tehuacán, el Cerit y la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

 

fahl