Buenos Aires.- Un total de doce personas, entre empresarios y ex funcionarios de los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015), fueron detenidos en Argentina en el marco de la investigación de una presunta red de pago de sobornos en la concesión de obras públicas.
Mientras que la ex presidenta Cristina Fernández deberá acudir a declarar el próximo 13 de agosto.
El jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, confirmó las detenciones, según reportes de la prensa local.
“Estamos trabajando desde la madrugada con los distintos allanamientos. Entre ayer (lunes) y ayer 12 personas detenidas, entre ex funcionarios y empresarios”, afirmó Roncaglia sobre las medidas ordenadas por el juez del caso, Claudio Bonadio, quien a su vez citó a declarar como imputada a Fernández.
En esos operativos se incautaron sumas de dólares y euros que no se cuantificaron públicamente y 14 vehículos de varios de los detenidos.
Entre ellos está Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal durante los Gobiernos de Kirchner (2003-2007) y Fernández (2007-2015), que aglutinaba áreas como las obras públicas y las políticas en energía y vivienda.
El fiscal del caso, Carlos Stornelli, informó que la hipótesis delictiva que se investiga es la “asociación ilícita”, en un caso que se destapó por una investigación del diario La Nación en la que se apuntaba al supuesto pago de millones de dólares en efectivo de parte de empresarios a miembros del anterior Ejecutivo.
En concreto, la publicación da cuenta de la existencia de varias libretas en las que Óscar Centeno, un chófer de Baratta y también detenido, apuntó durante una década los detalles de los supuestos pagos de sobornos y a quién iban dirigidos.
Centeno está acusado de ser el conductor de uno de los automóviles en los que se recaudaban esos millonarios montos de dinero.
De la docena de detenidos, 11 están alojados en la sede de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, donde permanecerán incomunicados hasta que sean trasladados a los juzgados.
Según La Nación, algunos de los empresarios del sector de la obra pública y la energía arrestados hasta ahora son Gerardo Ferreyra y Luis Neyra, de Electroingeniería, y Héctor Sánchez Caballero, de la constructora Iecsa -que fue propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri-, aunque se busca a más exfuncionarios y empresarios.
LEG