Los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington (1999-2005), y Eugenio Hernández (2005-2010) continúan sus respectivos procesos de extradición; en el caso de Yarrington, ayer se reservó su derecho a declarar ante agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR) presentes en Florencia, Italia, mientras que, en México, Hernández prepara un amparo contra su propio proceso.
Desde 2012, Yarrington era buscado por autoridades del Gobierno federal y estadounidenses por presuntamente recibir dinero de los cárteles del Golfo y Los Zetas; fue detenido el 9 de abril de 2017 en Italia.
El 19 de abril de 2017, el entonces procurador Raúl Cervantes y el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, acordaron que el ex mandatario estatal fuera extraditado a territorio estadounidense y, posteriormente, a México.
Por otra parte, su sucesor, Hernández, reclamado por las autoridades americanas de los delitos de defraudación bancaria y asociación ilícita para lavar dinero, presentará un amparo con miras a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la finalidad de que analice si es constitucional o no la decisión de extradición (para entregarlo a Estados Unidos) que ha tomado la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Por estrategia jurídica y por el derecho que le asiste poner un juicio de amparo y contraer la resolución de la Cancillería y, de acuerdo con la ley de amparo, tenemos 30 días hábiles para elaborarlo, ese amparo de acuerdo con el seguimiento puede llegar incluso que lo resuelva la SCJN”, manifestó Jorge Olvera abogado del ex mandatario estatal, en una entrevista con 24 HORAS.
Indicó que su cliente ya tenía en mente (la extradición), esta notificación, “ahorita lo planeado es formular el juicio de amparo ante un juez de distrito de Ciudad Victoria, debemos de verificar la resolución que es muy amplia, hay que analizar y en base a eso dar una opinión acertada”.
Hernández fue detenido el 6 de octubre de 2017 en Ciudad Victoria, y además de las acusaciones de EU, es señalado por delitos del fuero estatal por la compra de un terreno de mil 600 hectáreas, localizadas en el Puerto Industrial de Altamira, que supuestamente pertenece al patrimonio de la entidad.
JNO