Durante la reunión con las autoridades federales, el movimiento jornalero de San Quintín, en Baja California (BC), consiguió sólo una parte del aumento salarial que exigía y se aplazó a 15 días más la explicación sobre cómo se va a crear un hospital de especialidades en la región, así como el monto del fideicomiso para crear guarderías.
Como estaba pactado desde el pasado 15 de mayo, integrantes de la Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatales y Municipales por la Justicia Social de San Quintín se reunieron con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, para saber si aumentará el salario a 200 pesos diarios como mínimo.
Fidel Sánchez Gabriel, vocero del movimiento jornalero, dijo a Cimacnoticias que si bien no recibieron el 100% del aumento mínimo que esperaban, sí consiguieron una mejora salarial de 150, 165 y 180 pesos, dependiendo de la capacidad de producción de cada centro agrícola.
No obstante, al cierre de esta reunión se acordó aplazar 15 días hábiles más el tema de la creación del hospital de tercer nivel para atender especialidades como cáncer de mama y otros padecimientos vinculados con la salud reproductiva y sexual de las mujeres, que son comunes en la región.
De acuerdo con Sánchez Gabriel, el gobierno federal tiene que detallar dónde se va a crear la nueva instalación para atenciones médicas, pero agregó que el movimiento jornalero está pidiendo explícitamente que sea un hospital de tercer nivel y no una clínica.
Al respecto, el movimiento jornalero ya consensuó la posibilidad de que la actual clínica 69, de Prospera, en la delegación Vicente Guerrero (donde se asienta la comunidad indígena triqui), se amplíe y se equipe para empezar a brindar atención especializada.
Otra delegación donde podría ubicarse el nuevo nosocomio –según evaluó el movimiento jornalero– podría ser Camalú, con un gran número de población indígena proveniente de diferentes entidades del país.
El otro acuerdo que quedó pendiente para revisar en 15 días es sobre el monto del fideicomiso con el que se van a generar guarderías para las madres jornaleras, así como otras obras públicas, mismo que se ha dejado al aire desde la primera mesa de negociación el pasado 24 de abril.
A fin de evitar que los ranchos obliguen a las y los jornaleros a realizar más tareas para recibir un mayor pago, se estipuló una prohibición clara en la minuta de acuerdos que firmaron autoridades y representantes de los empresarios.
Este incremento salarial será retroactivo al 24 de mayo. También se pactó que se dará un bono adicional equiparable a dos semanas de salario para que antes del 20 de diciembre se entregue a las y los trabajadores del campo.
Para asegurar que estos acuerdos se cumplan a cabalidad, se concretó que el movimiento jornalero acompañe a representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) a la inspección en cada centro de trabajo.
Ambos actores integrarán informes con los avances de las inspecciones y recibirán quejas concernientes a las violaciones a Derechos Humanos y laborales de las y los jornaleros, que serán revisadas en 15 días.