¿Anuncio velado?
En medio del debate que ha generado tanto en Estados Unidos como en México el próximo encuentro del presidente López Obrador con Donald Trump, en Palacio Nacional la apuesta parece estar enfocada en la extradición de Emilio Lozoya y su posible cooperación en el caso Odebrecht, sobre todo porque se aportarían pruebas que pondrían al expresidente Enrique Peña Nieto en el ojo del huracán. Muchos se preguntan si el comentario de su mensaje de este domingo en el sentido de que en otros países incluso hay presidentes presos no anunciaba algo similar en México. ¿Será?
Amnesia legislativa
Algunos diputados de la Comisión de Justicia, especialmente del PAN y del PRD, exigieron al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador resultados palpables en el desmantelamiento de estructuras financieras del crimen organizado; esto porque, según sus dichos, se cuentan ya con las herramientas necesarias para concretar esa labor. No obstante, los legisladores parecen olvidar que es justamente en el Congreso, y específicamente en la Cámara Baja, donde se han atorado las iniciativas para que la UIF de Santiago Nieto tenga una mayor autonomía de gestión, y para que pueda iniciar procesos de extinción de dominio sobre los recursos plenamente identificados con el crimen organizado. ¿Los diputados se referían a estás todavía inexistentes herramientas? ¿Será?
Aumentarán pruebas vs. Covid-19
Como parte del fortalecimiento de las medidas para contener y mitigar la pandemia en la nueva normalidad nos dicen que el Gobierno de Claudia Sheinbaum pretende aumentar la cantidad de pruebas diarias para detectar el nuevo coronavirus en la Ciudad de México. El número de exámenes podría alcanzar los 3 mil 500 diarios; esto para mejorar el monitoreo de los casos positivos y evitar que la capital tenga que regresar a un semáforo rojo que, entre otros dilemas, obligue a un nuevo confinamiento y su consecuente parálisis económica. ¿Será?
Información que crea dudas
Aunque desde el Gobierno federal se ha llamado a la calma para no caer en el miedo o en la trampa de las fake news en torno a una posible reforma al sistema de pensiones, lo cierto es que entre los más de 66 millones de trabajadores que tienen una cuenta en el SAR ya permea la incertidumbre sobre el futuro de sus ahorros de toda su vida laboral. Las cuentas inscritas en el sistema ascienden a 4.2 billones de pesos, recursos que equivalen a 17.2% del PIB, representan 15% del total de activos del sistema financiero, y son el principal patrimonio de 80% de los trabajadores del sector formal, de tal suerte que tanto los trabajadores como los especialistas confían en que una decisión de tal envergadura no se resuelva sobre las rodillas. ¿Será?
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