El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, se pronunció por acabar con “la fiesta” del outsoucing ilegal que impide el desarrollo del país.
“No podemos permitir como país, sociedad y Estado, que se jacta de tener elementos históricos y actuales de construcción de Estado social de derecho, mantener una política de outsoucing ilegal tolerado desde las autoridades”.
En la inauguración del Parlamento abierto en materia de subcontratación, realizado en las instalaciones del Senado de la República con la participación de más de 60 ponentes, el funcionario consideró importante hacer un diagnóstico claro de la problemática de esta figura para contratar a los trabajadores mexicanos.
Desde su óptica, es preocupante la estabilidad de los trabajadores, las pensiones, el abaratamiento de la mano de obra, la pérdida de la antigüedad, la evasión fiscal y el no pago del reparto de utilidades, entre otros elementos.
Y es aún más alarmante porque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pierde al menos 21 mil millones de pesos anuales y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) otros 324 mil millones de pesos anuales por la defraudación fiscal de las empresas “factureras”, apuntó.
Es evidente que el outsoucing no es una práctica “químicamente pura”, sino está vinculada con generación de empresas fachadas, como aquellas que facturan operaciones simuladas, apuntó Nieto Castillo.
Por tanto, indicó, es necesario analizar cada una de las características del outsoucing y, de detectar irregularidades, esas empresas deben combatirse con la aplicación de la ley.
Planteó además la posibilidad de generar una política nacional enfocada en la protección efectiva de los derechos de los trabajadores y de criterios que pudieran ser interpretativos para maximizar el ejercicio de los derechos en el país.
Añadió que si bien se tiene un avance importante en los derechos de primera generación, es conveniente “dar una vuelta” en la construcción en los derechos de segunda y tercera generación a partir del fortalecimiento de los derechos de los trabajadores.
PAL