Han pasado 40 días desde que la PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en el Combate a la Delincuencia Organizada (SEIDO), intervino en las cajas de seguridad del First National Security en Cancún. En ese tiempo, la mayor parte de las cajas han sido entregadas, pero varios de los propietarios denuncian robos de sus pertenencias y aún están en la búsqueda de que se les regrese la totalidad de lo que tenían.

 

El 22 de noviembre pasado, el subprocurador jurídico y encargado de la PGR, Alberto Elías, prometió celeridad en el asunto y que se regresarían las pertenencias a sus dueños. Quince días después varios reclaman que, si bien recibieron parte de sus bienes, mucho de lo que les falta fue sustraído, robado o, en su defecto, aún permanece en las instalaciones tomadas por la PGR.

 

A 40 días, la PGR no ha dado cuenta de los resultados de su investigación y tampoco los jueces han resuelto si el operativo, cateo y apertura de todas las cajas fueron legales. A 40 días, muchos de los clientes decidieron no retirar su solicitud de amparo y otros más piden se continúe la investigación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

 

Funcionarios del Poder Judicial federal nos cuentan que ya tienen un avance considerable en los amparos tramitados, y que incluso el lunes y martes pasados se realizaron otras diligencias en las instalaciones del First National Security con la finalidad de ir concluyendo los análisis de lo ocurrido.

 

Incluso, los elementos de la SEIDO dejaron de atender a los afectados, pues argumentaron que tenían carga de trabajo, ya que debían contestar a los jueces sus argumentos en los más de cien amparos que están en trámite.

 

Lo interesante es que varios de esos amparos podrían resultar positivos para los afectados, y lo que se cuenta en el Poder Judicial es que las resoluciones podrían sentar un fuerte precedente contra las actuaciones de la PGR. Situación que incluso pondría en riesgo toda la investigación realizada por las autoridades.

 

Pero éste no es el único pendiente de la PGR ni de su titular, Alberto Elías Beltrán; el 17 de octubre pasado declaró que el caso Odebrecht ya estaba cerrado. Dos días después dijo que sólo faltaba afinar detalles y judicializar el caso. Treinta días más tarde fue cuestionado, y aseguró que el caso de los sobornos de Odebrecht a funcionarios de Pemex no estaba congelado y que faltaban días para dar las conclusiones.

 

Para hoy han pasado nueve días de su última declaración sobre el caso y siguen sin verse los avances o resultados que él mismo dijo, en octubre, ya tenían.

 

 

Atención en el proceso Fepade

No hay que dejar de lado el proceso de selección del próximo fiscal de Delitos Electorales de la PGR. El martes pasado compareció uno de los candidatos al cual habría que ponerle atención, Héctor Díaz Santana, quien lleva años conociendo el sistema electoral y quien ya tiene en sus experiencias elecciones presidenciales en esa fiscalía.

 

Ayer, ante senadores, Díaz Santana expuso que el reto inmediato de la Fepade para el proceso electoral de 2018 es posicionarse como un área estratégica y que debía establecerse una ruta para combatir las prácticas ilícitas en materia electoral.