Por dilatar un recurso de juicio político en contra del ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines, interpuesto desde noviembre de 2013, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México multó a los diputados federales integrantes de la Subcomisión de Examen Previo con siete mil 500 pesos (en conjunto), por no acatar una notificación previa y resolver al asunto del ex mandatario estatal.

 

 

 

Al respecto, el diputado panista Jorge Triana explicó que ésta es la segunda ocasión en que reciben un apercibimiento por el mismo caso y que, de continuar la omisión de convocar a reunión de trabajo por parte de los presidentes de las Comisiones de Gobernación y Justicia, que son quienes integran la Subcomisión, esta sanción podría tener consecuencias mayores, incluso de carácter penal.

 
Jorge Triana evidenció que en más de una ocasión los diputados de oposición han pedido que se les convoque a reunión para desahogar las casi 300 solicitudes de juicio político que se encuentran “congeladas” y que involucran a personajes de todos los partidos políticos.

 

 
Y es que, a decir del legislador, los diputados del PRI y sus partidos aliados no tienen mayoría en esa subcomisión, por lo que no quieren correr el riesgo de perder una votación ya que, al convocar a reunión para revisar el caso del ex gobernador en particular, se puede aprovechar para resolver otros expedientes abiertos en contra de ex gobernadores del tricolor.

 
Cabe recordar que 24 HORAS publicó en su edición del 29 de febrero de 2016, que la Cámara de Diputados se hizo acreedora (desde el 2 de abril de 2014) a al menos 10 requerimientos y más de 15 apercibimientos en el marco del cumplimiento de la resolución  del expediente 34/2014, en el que se concede el amparo y protección de la Justicia Federal al abogado Horacio Culebro, quien solicitó juicio político en contra del otrora gobernador de Chiapas, Juan Sabines.

 
Caso por el que hoy los diputados deberán pagar una multa de siete mil 500 pesos y determinar en un plazo de cinco días si procede o no el juicio político.