BUENOS AIRES La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, promulgó hoy la ley de expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la empresa petrolera que fue manejada durante 12 años por el español Grupo Repsol.
La mandataria emitió un mensaje en cadena nacional al concluir el trámite legislativo de la iniciativa que presentó el pasado 16 de abril y que la víspera fue aprobado por 208 votos a favor, 32 en contra y seis abstenciones en la Cámara de Diputados.
También presentó a Miguel Galuccio, un ingeniero que a partir de ahora será el gerente general de la compañía que fue privatizada en 1992 y que, siete años más tarde fue vendida en su totalidad a Repsol.
En medio de los temores desatados ante la posibilidad de que el gobierno realice más expropiaciones de empresas en poder de capitales extranjeros, Fernández de Kirchner advirtió que ello no ocurrirá siempre y cuando colaboren en el desarrollo del país.
“Quiero que sepan que en lo que hace a insumos y a la provisión van a tener que participar y asociarse con el empresariado argentino”, señaló.
Los empresarios locales, agregó, “deberán saber que tendrán que ajustar muy bien sus costos, porque tampoco vamos a pagar precios ridículos que pueden ser mucho más baratos en otra parte, por el solo hecho de ser industria nacional”.
La presidenta aseguró que YPF, la principal empresa petrolera del país que fue estatal hasta hace dos décadas, funcionará de manera eficiente y profesional para revertir el vaciamiento realizado por Repsol, el grupo español que no cumplió con millonarias inversiones.
“No puede volver a suceder lo de la década de los 90, cuando YPF se fundía pero los contratistas se convertían en prosperas empresas, queremos una YPF con un perfil absolutamente profesionalizado”, explicó.
Por otra parte, reconoció que le impresionaba “la intención de algunos medios de dañar la imagen, no sólo de esta presidenta, sino de 40 millones de argentinos, donde además están ellos, sus empresas y sus publicidades”.
Fernández de Kirchner se refirió así a las críticas que la expropiación tuvo en la prensa opositora argentina, sobre todo en los diarios Clarín y La Nación, a los que el gobierno acusa de defender los intereses de otros países en lugar de apoyar el desarrollo de Argentina.