La delincuencia ha llegado al patrimonio de los habitantes, ya que en la Ciudad de México se registraron más de 20 mil denuncias por el despojo de inmuebles, alertó la vicepresidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, Silvia Sánchez.
“Autoridades, delincuentes e integrantes del capital inmobiliario se han fusionado en uno solo para apropiarse de casas, departamentos y fincas de forma ilegal, con el uso de la violencia física”, destacó.
A esta situación se suma la impunidad con la que se mueven gracias al cobijo que les dan las autoridades encargadas de la seguridad, tanto en lo personal, como en los bienes, abundó la priísta, por lo que es imperativo investigar estos desalojos extrajudiciales.
Detalló que de acuerdo al informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia capitalina de febrero pasado, suman 20 mil 300 casos.
Señaló que las cinco alcaldías que tienen un alto índice de desalojo son: Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan.
“Los hechos se presentan principalmente por la falsificación de documentos de propiedad, así como de grupos que ingresan violentamente a inmuebles, locales, o departamentos que están deshabitados”, explicó.
La diputada recordó que recientemente hubo dos expulsiones, uno en la calle de Carlos J. Meneses, colonia Buenavista, donde habitan 24 familias; otro en el Edificio Zacatecas de la Unidad Habitacional Tlatelolco.
En este último, los delincuentes se hicieron pasar como cerrajeros y trataron de forzar las puertas de más de cuatro departamentos de dicho inmueble, comentó.
Sánchez agregó que vecinos de las diferentes colonias de la Cuauhtémoc, le han manifestado que grupos ligados a la delincuencia organizada “se meten a negocios y locales que están vacíos para forzar cerraduras y cambiar chapas de la entrada”.
La legisladora apuntó que a estos ilícitos se suma un proceso deficiente para regularizar un inmueble o adquirirlo a causa del alto costo; además de la gentrificación, lo que propicia que edificios con daños estructurales o problemas legales sean “blanco fácil” de inmobiliarias y constructoras que inician procesos para adueñarse de ellos.
“Quienes intercambian información para apropiarse de forma irregular del patrimonio de una persona o familia, incluso saben bien qué finca está irregular”, aseveró.