A partir de una serie de desacatos cometidos por el gobierno federal y violaciones sistemáticas a nuestros derechos perpetradas por compañía minera Cuzcatlán, 11 comunidades de Valles Centrales de Oaxaca decidimos recurrir ante el sistema de justicia mexicano para exigir la garantía y respeto de nuestros derechos territoriales.
A través de nuestras asambleas comunitarias, desde 2011 determinamos que no permitiremos la expansión del proyecto minero San José, por lo que recurrimos a las administraciones estatal y federal en reiteradas ocasiones para comunicar nuestra decisión, informaron a través de un comunicado.
La situación más grave se dio bajo el mandato de María Luisa Albores, a cargo de la Semarnat y José Carlos Fuentes a cargo de la Segob-Oaxaca, quienes en pleno proceso de diálogo con las comunidades determinaron otorgar 10 años de explotación comercial a favor de la empresa minera y promover reuniones con directivos de la empresa minera para negociar.
Las comunidades firmantes hemos sido contundentes durante 15 años, nuestras decisiones se encuentran expresadas en nuestras declaratorias de territorio prohibido para la minería.
El juez Emmanuel Hernández Alva, titular del juzgado primero de distrito en Oaxaca, determinó la suspensión de plano a las 11 comunidades que firmamos el amparo para que se respete su tierra y no sean despojados.
Indicaron que Compañía Minera Cuzcatlán, y autoridades federales y del estado de Oaxaca, por orden judicial no pueden entrar a nuestros territorios para promover ningún proyecto.