La teniente coronel de la Secretaría de la Defensa, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, fiscal del estado de Guerrero se ha convertido en la piedra en el zapato para la gobernadora Evelyn Salgado.

 

Y aunque el tema parece meramente personal, sus implicaciones son de carácter nacional y confrontan a una dependencia federal con un gobierno estatal, señalado de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

 

Salgado anunció ayer la renuncia del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, quien fuera brazo derecho de su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, y del secretario de Seguridad Pública, el general brigadier Rolando Solano Rivera, que apenas duró mes y medio en el cargo.

 

La gobernadora (es un decir), anunció que propondría al Congreso del estado la remoción de la fiscal Valdovinos Soberón, pero esta respondió en un comunicado que no se irá y que recurrirá al derecho de audiencia que le garantiza la Constitución para defender su trabajo.

 

El Ejército no tuvo empacho en aceptar la renuncia de Solano Rivera, quien tiene 37 años de servicio, pero no se pronunció sobre la decisión de quien es hoy la fiscal de Guerrero.

 

Por presiones que no publicó, Valdovinos Salmerón anunció, el 14 de febrero, que se tomaría una licencia, sin goce de sueldo de seis meses para atender asuntos personales.

 

Algo debieron decirle en la Secretaría de la Defensa, que ocho días después canceló el aviso de licencia.

 

La gobernadora y su papá han querido imponer a un incondicional en la Fiscalía, pero no han podido con la teniente coronel que le reporta directamente al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

 

Sin el respaldo de la Secretaría, la fiscal sería insostenible en el cargo, debido a que los Salgado siguen siendo muy cercanos al presidente López Obrador.

 

A menos que el Presidente le ordene al secretario de la Defensa remover a la teniente coronel, no se ve cómo la gobernadora pueda, ni con el apoyo de su amiga, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, remover a la fiscal.

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Con información publicada disponible, se da cuenta de que la Fiscalía de Guerrero tampoco puede presumir de ser un ejemplo de eficiencia.

 

De acuerdo con el reporte de la propia dependencia, durante el 2023, la Fiscalía inició 1,408 carpetas de investigación por la comisión de 1,171 homicidios dolosos.

 

Solo 12 de esas carpetas terminaron judicializadas con detenidos pero en ninguna -N-I-N-G-U-N-A-, se obtuvo una sentencia condenatoria.

 

Es decir, las carpetas judicializadas no alcanzaron ni el 1% y aún así, la Fiscalía no obtuvo sentencias condenatorias.

 

Así que el pleito entre la gobernadora y su fiscal no tiene que ver con la eficiencia; de ser así ya habría pedido su destitución hace meses, según los resultados.

 

Tiene que ver con el control sobre ciertos grupos y el poder.

 

El poder poder.

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Con razón el presidente del PRI, Alejandro Moreno, alzó la voz para reclamar justicia en el caso del asesinato del precandidato tricolor a la alcaldía de San Juan Cancuc, Chiapas, Diego Pérez Méndez, ejecutado ayer a las puertas de su casa.

 

El llamado del dirigente tricolor no solo tiene que ver con este homicidio, sino con todos los que han ocurrido en este proceso electoral, que pinta para ser el más sangriento de la historia.

 

Y a pesar de las evidencias, en el partido oficial sus candidatos y hasta el presidente López Obrador aseguran que serán unas elecciones “pacíficas, una fiesta democrática’’.

 

¿De qué país hablan?

 

      @adriantrejo