La Fiscalía General de la República (FGR) va por el juez que falló en contra del Estado en el caso de la explotación ilegal del Viaducto Bicentenario.
Tras la audiencia en contra de 7 presuntos implicados en la presunta explotación ilegal de la vía que fue concesionada en tiempos del gobernador Enrique Peña Nieto, la dependencia anunció que iniciará todos los recursos legales a que tiene derecho frente a lo que calificó como “nuevo atropello a la justicia” debido a que:
“El grado de injusticia con el que actuó el juez Daniel Ramírez Peña llegó a un extremo verdaderamente inconcebible (…) antes de conocer las pruebas y argumentos de las partes , emitió públicamente una opinión respecto del caso y anunció su veredicto en contra del Estado Mexicano”.
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Este 13 de marzo, Ramírez Peña juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez determinó no vincular a proceso a los 7 señalados por la Fiscalía de la presunta explotación ilegal del Viaducto Bicentenario por parte de la empresa OHL-Aleática, que habría dañado al erario por 8 mil 403 millones 242 mil 312 pesos.
Del grupo de acusados, 3 están relacionados con la empresa mientras que el resto son Ernesto Javier Nemer Álvarez, Luis Gilberto Limón Chávez, exsecretarios General de Gobierno y de Movilidad; Jorge Bezares y Alberto Tomás Angulo Lara, directores generales de la Junta de Caminos y en Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Sistemas Conexos y Auxiliares del Estado de México.
La Fiscalía calificó de “injusta” la decisión y que el gobierno del Estado de México nunca obtuvo la concesión federal para disponer del dominio de una vía de comunicación federal:
“La concesión que el Estado de México le otorgó a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V., en el año de 2008, fue absolutamente ilegal y, por lo tanto, nula; cometiéndose el delito de Explotación de un bien de la Nación, sancionado en los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales”.
En su documento, la Fiscalía indica que desde agosto de 2011, y nuevamente en marzo de 2020, la hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (antes Secretaría de Comunicaciones y Transportes) señaló esta ilegalidad y la presunción del delito federal correspondiente.
Este no es un caso administrativo, ni civil; ya que está penado específicamente como delito, independientemente de toda la serie de actos y convenios fraudulentos que se han venido realizando para encubrir dicho delito.
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El haber alegado, por parte del Estado de México, que una autorización para el mantenimiento de una vía federal, como se da en todos los estados de la República, lo faculte para otorgar una concesión federal a un particular, es una absoluta falsedad y es contraria a derecho; ya que la única autoridad facultada para otorgar una concesión de una vía general de comunicación es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
LDAV