En medio de los numerosos diálogos que resuenan a nuestro alrededor y en los cuales nos vemos reflejados, encontramos posiciones divergentes que, aunque no siempre comprendamos en su totalidad o alcance, nos impone como ciudadanos la responsabilidad de detenernos y reflexionar.
En este contexto, al abordar los debates sobre las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo, especialmente aquella centrada en las pensiones, es fundamental no limitar nuestras discusiones exclusivamente al ámbito económico. Debemos concebirlas como un compromiso que trasciende generaciones, demandando nuestra atención tanto para las futuras como para la actual.
Lo anterior, toda vez que el panorama en materia de discapacidad revela que aproximadamente 5.7% de la población mexicana presenta alguna discapacidad; al tiempo que la población de adultos mayores ha experimentado un aumento de más del doble entre 1970 y 2023, representando actualmente el 10% de la población total.
En ese sentido, la carencia de acceso a pensiones de vejez y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a derechos fundamentales son problemáticas que demandan atención inmediata, pues a pesar de los avances en la ampliación de las pensiones en los últimos años, se necesita perfeccionar los mecanismos existentes, con una perspectiva focalizada a sectores vulnerables no sólo a la situación social o económica, sino fundamentalmente climática.
No cabe duda que la población está envejeciendo, generando presión financiera sobre las generaciones más jóvenes. Por ello, es crucial reconocer que las pensiones no son simplemente una expectativa, sino un derecho adquirido. Las personas deben envejecer con dignidad y contar con el respaldo adecuado en la etapa de sus vidas en la que más lo necesitan, y los derechos e inclusión de las personas con discapacidad deben ser garantizados.
En este contexto, es interesante escuchar posturas como la Karen Castrejón o Carlos Puente que son voces que valen y son sensibles, apoyando la reducción de las obligaciones fiscales del sector privado para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, pues esto demuestra cómo tales medidas deben acompañarse de un enfoque integral, destacando la importancia de la atención temprana, la formalidad fiscal y laboral, así como la obligatoriedad de contribución.
El Estado tiene la obligación de generar condiciones para que todas las personas accedan a una vida digna. Por ello, toda reforma debe ser el vehículo para asegurar la equidad y el bienestar a lo largo del tiempo, considerando las necesidades presentes y futuras de todos, especialmente de aquellos que enfrentan mayores desafíos. Cierro estas reflexiones con las palabras de Mandela: “Una nación no debe juzgarse por cómo trata a su ciudadanía con mejor posición, sino por cómo trata a quienes tienen poco o nada”. Sigamos abiertos a los diálogos y a lo que hay que construir.
Consultor y profesor universitario
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