La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó dos nuevas denuncias contra la gestión de Rosario Robles al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que podrían involucrar un daño al erario superior a los mil 479 millones de pesos.
Dichas denuncias, según información obtenida por 24 HORAS, se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) los pasados 3 y 20 de octubre, respectivamente.
Las nuevas indagatorias son independientes al caso de la Estafa Maestra, por la que Robles estuvo encarcelada tres años y fue absuelta.
Al respecto, la Auditoría interpuso un juicio de amparo contra su absolución en diciembre pasado, cuyo proceso sigue abierto en un tribunal federal.
En paralelo, desde octubre pasado se interpusieron ante la FGR denuncias penales por las irregularidades encontradas en dos auditorías de las cuentas públicas 2017 y 2018 que no pudieron ser solventadas.
Entre las principales anomalías se encuentran recursos transferidos a empresas fantasma y gastos en vuelos privados de Rosario Robles por 5.2 millones de pesos, los cuales fueron subcontratados por el extinto Estado Mayor Presidencial (EMP).
La primera denuncia se interpuso el pasado 3 de octubre, debido a irregularidades en la Sedatu correspondientes a la Cuenta Pública 2018 por un monto total de mil 142 millones de pesos.
Entre las anomalías -que no pudieron ser solventadas tras la auditoría 209-DS- está una por el uso irregular de aeronaves privadas por parte de Rosario Robles.
“No se presentó evidencia comprobatoria ni justificativa que acredite el ejercicio de los recursos públicos federales en 2018 para gastos de vuelos efectuados por la titular de la Sedatu, toda vez que, conforme a los Estados Analíticos Presupuestales para el ejercicio fiscal 2018, se asignó un importe menor a la dependencia para estos”.
Los documentos, asentados en la auditoría forense a la Sedatu, señalan que el extinto Estado Mayor Presidencial fue el encargado de arrendar las aeronaves y entregó facturas por 5.2 millones de pesos, correspondientes a 24 giras de Rosario Robles.
El presunto daño patrimonial, según la revisión de la ASF, se configura porque la exfuncionaria federal no tenía autorizados recursos para vuelos privados y porque el presupuesto del Capítulo de Gastos para viajes nacionales se excedió en 2.9 millones de pesos.
La fiscalización de la ASF, cuya falta de solventación fue motivo de la denuncia ante la FGR, contiene otras 20 conclusiones de anomalías que se cometieron en la Sedatu, al final del anterior sexenio y con Robles al frente de la dependencia.
Resalta que no se entregó documentación comprobatoria que justifique la contratación de una empresa para realizar un censo de viviendas dañadas en Oaxaca por el sismo del 16 de febrero de 2018.
Tampoco se acreditó “la ejecución de los trabajos convenidos entre la Sedatu y la persona moral…, ya que se observó que algunos de los archivos digitales que se utilizaron para la comprobación fueron realizados en 2016”.
La otra denuncia penal se interpuso el 20 de octubre de 2023 por la auditoría 415-DE de la Cuenta Pública 2017, la cual involucra un presunto daño al erario por 336.8 millones de pesos.
La mayor observación fue por 316.8 millones de pesos en los que se “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por el pago a proveedores y prestadores de servicio, sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, en la que conste la recepción de los bienes o servicios requeridos por cada área solicitante”.
La auditoría descubrió un esquema similar al de la Estafa Maestra, en el que se contrata a una empresa y ésta a su vez subarrenda a otras de las que no se encontró ubicación.
De acuerdo con la ASF, en dos contratos celebrados, se detectó que una empresa no contaba con “los elementos técnicos, materiales y humanos para cumplir con las condiciones establecidas, por lo que subcontrató el 100.0% de la adquisición de bienes y prestación de servicios”.
La empresa subcontrató a otras cuatro, las cuales no pudieron ser localizadas por los auditores durante la etapa de la fiscalización a los contratos.
“Se practicaron visitas domiciliarias a dichas empresas, sin localizarlas en los domicilios”, señala la conclusión de la auditoría practicada a la Sedatu como parte a la revisión de la Cuenta Pública 2017, durante la gestión de Rosario Robles, y por lo que, en octubre pasado, se presentó una denuncia.
Rosario Robles fue secretaria de Desarrollo Social entre 2012 y 2015 y después fue nombrada titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, donde permaneció hasta el fin del sexenio pasado.
El 13 de agosto de 2019 se le impuso prisión preventiva justificada por el caso de la Estafa Maestra, pero después de tres años encarcelada y varios amparos ganados, la exlíder del PRD obtuvo su libertad en agosto de 2022.
A finales de 2023, un Tribunal federal absolvió a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido de la función pública; sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación promovió un juicio de amparo, que todavía no se resuelve de fondo.
Hace unos días se publicó el libro Rosario de México: testimonio de una infamia, el cual ya se encuentra en librerías y entre otros asuntos narra la estadía de la exfuncionaria en el penal de Santa Martha Acatitla.
En una entrevista radiofónica, el año pasado la exfuncionaria anunció que este 2024 también se estrenaría su bioserie, con el mismo título de Rosario de México.