Con el propósito de presentar a los sectores sociales del país la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, el segundo número de la revista México indígena está dedicado a los temas fundamentales de esta iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, fecha en que se cumplieron 107 años de la promulgación de la Constitución de 1917.
En el marco de la nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, este medio informativo tiene el objetivo de consolidarse como canal de comunicación con y desde los pueblos indígenas y afromexicano.
México indígena aborda que el contenido fundamental de la iniciativa es su reconocimiento como sujetos de derecho público, y retoma el mensaje que el presidente de la República pronunció en el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, en el que afirma que las reformas buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios del actual movimiento de transformación nacional, relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia.
En aquel momento, afirmó que es necesario llevar a cabo las reformas constitucionales y legales, a fin de “proteger lo que hemos alcanzado entre todos desde abajo y todo lo que se ha logrado en beneficio del pueblo y continuar luchando por una sociedad mejor, más justa, libre, igualitaria y fraterna”.
En la sección editorial de México indígena, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, señala que el conjunto de veinte iniciativas de reformas constitucionales y legales darán nuevo rostro, espíritu y esencia a la Constitución Política en el siglo XXI, como lo planteó el presidente el 1° de diciembre de 2018 en el Zócalo, durante la entrega del bastón de mando y la presentación de los 100 compromisos de su gobierno.
Durante la presentación de las iniciativas, el presidente planteó:
“Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno, y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten”.
De acuerdo con el titular del INPI, se trata de un vuelco de gran significado en la historia del constitucionalismo mexicano, pues deja atrás la visión decimonónica de considerar a los pueblos indígenas y afromexicanos como objetos normativos o, en el mejor de los casos, como sujetos de interés público que deben ser tutelados o protegidos por el Estado o terceras partes, en franca violación a su dignidad y derechos.
Adelfo Regino señala que, con esta iniciativa, se rompe la cadena normativa y ahora sí, se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, titulares de un conjunto de derechos colectivos, con facultades y atribuciones públicas para ejercer sin ataduras su inalienable derecho de libre determinación, consagrado en el régimen jurídico internacional.
Añade que esta iniciativa constituye un paso histórico en la larga lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de su dignidad y derechos:
“Poniendo en práctica el principio enunciado por el presidente Benito Juárez de que, ‘con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada’, la reforma indígena y afromexicana tiene su raíz fundamento en la palabra y el pensamiento de los pueblos del México profundo.”
De igual modo, este número destaca el pronunciamiento de las autoridades municipales, comunitarias y tradicionales de los pueblos indígenas y afromexicanos en el que expresan absoluto respaldo a las iniciativas de reforma a la Constitución, pues representan el anhelo y la esperanza por el que han luchado los mexicanos para lograr la paz, la justicia y la democracia.
La revista México indígena se distribuye de forma digital e impresa por todo el país, para generar un análisis profundo desde los diferentes sectores de la sociedad y sobre todo de manera directa, desde las comunidades indígenas y afromexicanas, respecto al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, en beneficio de su desarrollo integral, mediante el impulso a la reforma en el Poder Legislativo.
EAM