La autoridad penitenciaria de Colombia declaró ayer estado de “emergencia carcelaria” en todo el país luego de registrarse varios ataques en prisiones locales, donde más de 190 mil presos se encuentran en serias condiciones de hacinamiento en todo el sistema penitenciario.
“Acabamos de aprobar por unanimidad en el consejo directivo del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) la declaratoria de la emergencia carcelaria”, informó a la prensa el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien resaltó la medida tiene por objetivo reforzar la seguridad en las prisiones.
El sábado, un guardia fue asesinado a tiros por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta a la salida de la cárcel de San Sebastián de Ternera, en Cartagena.
Otro asalto contra carceleros se registró en el municipio de Jamundí, con un número indeterminado de guardias heridos, según las autoridades. De acuerdo a medios locales, se trató de un ataque a disparos.
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También, “se conocieron panfletos amenazantes en distintos centros carcelarios”, indicó el Ministerio de Defensa en un boletín. Ante los ataques, un sindicato de funcionarios penitenciarios había amenazado con ir a paro si no se tomaban medidas.
Una de las primeras medidas será, según el ministro, la asignación de “un fiscal específico para (investigar) homicidios contra guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario(Inpec) y otro fiscal específico para casos de extorsión carcelaria y corrupción”.
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El domingo, las autoridades anunciaron el refuerzo policial alrededor de todas las cárceles y el apoyo de las Fuerzas Militares para proteger la vida y la libertad de los guardias.
“Las estructuras criminales tienen que saber que el Estado de derecho prevalecerá y las someteremos al cumplimiento de la ley”, advirtieron entonces.
La emergencia penitenciaria en Colombia llega en momentos en que se registra una seria crisis de seguridad en la vecina Ecuador, donde una veintena de grupos criminales han desplegado una violenta muestra de poder desde las cárceles en represalia por la política gubernamental de mano firme para enfrentar la arremetida del narcotráfico.