La Ciudad de México se anotó un punto más en la protección de la mujeres; por unanimidad de votos, el Congreso local aprobó la Ley Malena, la cual tipifica y castiga de ocho a 12 años de prisión la violencia con ácido.
En la sesión ordinaria, sin ningún señalamiento en contra, las y los diputados avalaron endurecer las penas contra aquellos que cometan ataques con ácido contra las mujeres y para ello modificaron el Código Penal del Distrito Federal.
En voz de Ana Francis López, diputada de Morena, fue leído el dictamen en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México que modifica la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir la definición de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas; además instruye a la Secretaría de Salud local para que lleven un registro de las personas atendidas en caso de violencia ácida.
La legisladora expuso datos de la Fundación Carmen Sánchez, que brinda atención a mujeres afectadas por este tipo de agresiones, lleva un registro de 28 víctimas en las últimas dos décadas, en que el 85 por ciento de los casos, el autor intelectual fue un hombre. De ese total, cinco de los agresores eran parejas sentimentales de la víctima y 11 ex parejas.
El más reciente caso, fue el de la saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos, quien es víctima de un ataque y por la cual se le conoce así a esta norma.
Ríos, quien estuvo presente en la sesión y luego de conocer la aprobación celebró en el Congreso esta modificación al Código Penal local.
Desde tribuna, la diputada López aseveró: “Los derechos que más se vulneran después de un ataque con ácido son el derecho a la salud, porque generalmente los hospitales y centros de salud no saben cómo atender estos casos, lo que genera traumatismos y profundidad en las heridas”.
Ana Villagrán, legisladora del PAN, pidió que se debe frenar el feminicidio resaltó que aún hay muchas cosas por hacer en la materia, por ejemplo, la regulación de los establecimientos que venden los ácidos usados en los ataques, propuesta que fue presentada desde hace meses por el diputado panista, Federico Döring.
Ahora el Gobierno de Martí Batres, quien se congratuló por la aprobación, debe publicarla para su entrada en vigor.